Por Victoriano Martínez
El proceso electoral en curso y el que se desarrolló hace tres años han tenido en común un mal presagio para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública: los candidatos exhiben que son cazadores de votos para usufructuar un cargo público antes que aspirantes a servidores públicos que busquen el beneficio de la población.
Hoy, un verdadero servidor público no puede considerarse como tal si no está convencido de actuar con transparencia desde que manifiesta su intención de ocupar un cargo público. Si no es capaz de actuar con transparencia al pedir el voto a la ciudadanía, menos lo será cuando ocupe el puesto.
La experiencia de hace tres años resulta una evidencia. Entonces, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) puso a disposición de los más de seis mil candidatos que participaron en la elección del 6 de junio de 2021 una plataforma para que publicaran sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
No obstante, a la plataforma 3de3 por la integridad sólo 39 candidatos subieron sus declaraciones. De los nueve candidatos a la gubernatura, sólo tres (Mónica Rangel Martínez, Octavio Pedroza Gaitán y Francisco Rico Ávalos) las publicaron. Ricardo Gallardo Cardona, el ganador de la elección, fue uno de los candidatos que exhibió su vocación por la opacidad.
Entonces se planteó que quienes omitieron sus 3de3 lo hacían por tener cosas que ocultarle a la ciudadanía. “Seis candidatos que representan opciones que, en materia de derecho de acceso a la información pública, garantizan un sexenio de opacidad”, se advirtió. Gallardo Cardona ha cumplido en exceso ese pronóstico.
Un imperio de la opacidad gubernamental que ha tenido como uno de los principales aliados a la propia CEGAIP que, si promovió entonces la plataforma 3de3 por la integridad, hoy confirma su alianza por la opacidad con el gobierno de Gallardo Cardona al no volver a convocar a los candidatos para que publiquen sus tres declaraciones.
El 3de3 por la integridad fue una iniciativa de Transparencia Mexicana con el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI) al que se adhirió la CEGAIP –ahora se entiende– más por compromiso que por convicción, pues si hubiera sido por esto último, hoy la habría promovido otra vez, como ocurre en otros estados.
Desde el pasado 24 de febrero, el ITEI volvió a poner a disposición de los organismos garantes la plataforma 3de3 por la integridad. En esa ocasión, la CEGAIP no la puso en operación localmente. Prefirió alinearse a la opacidad promovida desde el gobierno estatal que promover mayor transparencia.
Si esa vocación de opacidad que incluye a los comisionados de la CEGAIP provocó que la ciudadanía tuviera la oportunidad de contar con un indicador de la vocación de opacidad de los aspirantes a un cargo público, en esta ocasión fue el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), por iniciativa del INE, el que abrió una plataforma similar.
Se trata del Sistema Conóceles en el que los candidatos fueron emplazados a publicar sus perfiles, sus trayectorias y antecedentes, las razones por las que participan y sus propuestas.
Se trata de un ejercicio, si no de total transparencia sí con un sentido a favor del derecho de acceso a la información pública. Fueron convocados por la autoridad electoral incluso con posibles sanciones a quien no publique su información. A pesar de eso, el 33.3 por ciento de las y los candidatos que participan en el proceso electoral no han publicado nada.
Hace tres años, con la 3de3 por la integridad, que fue un llamado a adherirse voluntariamente, sólo uno de cada 154 candidatos lo hizo. Una exhibición tal de vocación por la opacidad desde que eran candidatos que abrió paso a un sexenio con el mayor ocultamiento de información desde que existe la Ley de Transparencia.
Hoy que la convocatoria es por parte de la autoridad electoral, con posibles sanciones de por medio, sólo ha cumplido con la publicación de su información uno de cada tres a pesar de tener el carácter de una relativa obligatoriedad.
Una de dos. O es la inercia de ver que no pasa nada si se incumple con la Ley de Transparencia y que nada les pasará por la tibieza del CEEPAC, o desde candidatos adoptan la actitud violatoria de la ley que ha caracterizado a las autoridades en estos primeros tres años del sexenio. O las dos.
Para el caso, el resultado es el mismo: presagia que se agravará la opacidad y cada vez se ocultará más información pública. Lo dicho: Se es transparente o no se es, y si hoy no están dispuestos a publicar su información y serlo, ¿por qué esperar que mañana lo sean?
