Por Victoriano Martínez
En segunda convocatoria, el proceso para integrar el primer Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) logró el registro de 20 aspirantes, de los cuales sólo dos han tenido la experiencia de haber presentado una solicitud de información, en tanto que 14 han sido responsables de dar respuestas.
Un contraste que resulta alarmante. Si sólo dos aspirantes han ejercido el derecho de acceso a la información pública para satisfacer una necesidad informativa, significa que al menos 12 de los 14 provenientes de unidades de transparencia sólo han vivido ese derecho más como una obligación que como una prerrogativa.
La relevancia sobre la perspectiva que pueden tener los aspirantes a formar parte del Consejo Consultivo de la CEGAIP tiene que ver con que cuenten con experiencias que contribuyan a que en sus observaciones sobre la actuación del organismo garante de transparencia se privilegie el interés de las personas que ejercen el derecho de acceso a la información pública.
La transparencia de los servidores públicos siempre está a prueba, y son las unidades de transparencia las responsables de promover la convicción y la capacidad para superarla, lo que comienza con dos posibles reacciones: buscar en la solicitud de información la mejor manera de atenderla, o encontrar la forma de evitar responderla.
En 20 años y ocho meses desde que entró en vigor la primera ley de transparencia en el Estado, desafortunadamente la tendencia de quienes han ocupado lo que hoy son las unidades de transparencia es buscar evitar las respuestas, al grado de que actualmente se vive la peor crisis de opacidad en la administración pública con la complicidad de la CEGAIP.
Una crisis en la que tiene mucho que ver que en los nombramientos de comisionados –y ahora parece que ocurrirá lo mismo con los integrantes del Consejo Consultivo– no se toma en cuenta que se trata de un cargo, como muchos, que requiere un perfil muy específico, pero al decidirlo a lo que menos ponen atención es a designar a quien más se acerque a esas características.
Así es como llegan a la CEGAIP comisionados que la única idea clara que tienen de la institución es que recibirán un muy buen sueldo, tendrán una gran bolsa para viáticos y otro tipo de gastos, pero sobre el alcance y utilidad del derecho de acceso a la información se limitan a repetir como pericos frases hechas que no soportan la prueba de la realidad.
La CEGAIP ha tenido comisionados que han dado pruebas de ignorancia extrema sobre el derecho de acceso a la información pública. Tres ejemplos:
Un comisionado en funciones hace unos 14 años consulta a un promotor de transparencia desde la sociedad civil cómo le puede hacer para conseguir cierta información de una dependencia gubernamental.
Un ex comisionado, unos seis meses después de dejar el cargo hace 13 años, presume que por primera ver presentó una solicitud de información a través de correo electrónico porque, confiesa, la plataforma de solicitudes remotas la desconoce.
Recientemente, una ex comisionada llama a uno de sus subordinados en la CEGAIP para preguntarle cómo hacerle para conseguir determinada información de una dependencia gubernamental.
No sabían cómo ejercer el derecho de acceso a la información, pero eran los responsables de promoverlo y garantizarlo.
Comisionados en el país que conozcan y comprendan la importancia del derecho de acceso a la información pública prácticamente son la excepción.
Una de ellas es la comisionada María Tanivet Ramos Reyes, del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, quien no sólo ha realizado solicitudes de información, sino que ha hecho ejercicios de aprovechamiento del derecho para resolver problemas cotidianos en su comunidad.
Su testimonio durante la Conferencia Nacional de Acceso a la Información 2023, el pasado viernes 24 de noviembre, exhibe con claridad el enfoque que deben tener en su trabajo los órganos garantes para efectivamente ser útiles a la sociedad y, en consecuencia, la enorme deuda que esas instituciones de todo el país tienen con la población.
Obligado es mencionar que el principal promotor de ese enfoque en el país es el potosino Samuel Bonilla, con su proyecto Transparencia para Todos que inició hace 20 años, a quien el INAI reconoce como el precursor del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI).
De las dos personas que, entre las 20 aspirantes a formar parte del Consejo Consultivo de la CEGAIP, reportaron haber presentado solicitudes, una de ellas fue Karla Noemi López Reyes.
Algunas de sus solicitudes formaron parte de sus ejercicios como participante en el Laboratorio de Alfabetización Informacional para el Aprovechamiento del Derecho a la Información Pública Basado en Proyectos organizado este año por Astrolabio Diario Digital y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, con el apoyo de Transparencia para Todos.
López Reyes logró un caso de éxito al conseguir que en su colonia se realizara la reparación de un drenaje colapsado en la entrada principal de los fraccionamientos, que llevaba más de un año y, a pesar de las quejas ante la autoridad y el Interapas, no era atendido.
De los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de la CEGAIP sólo dos han ejercido el derecho de acceso a la información pública desde la perspectiva ciudadana.
¿Cuántos de los 14 funcionarios de transparencia pueden acreditar que privilegian buscar la mejor manera de responder antes que la forma de evitar entregar la información? Sobre todo, en un tiempo en el que cada vez responden menos.
Una circunstancia que coloca a los diputados en la disyuntiva de integrar el primer Consejo Consultivo de la CEGAIP con personajes que se acerquen muy poco al perfil que el puesto requiere o de plano declarar nuevamente desierta la convocatoria y comenzar un nuevo intento.
En síntesis: formar un Consejo Consultivo de la CEGAIP que sea una mera comparsa en la crisis de opacidad, o buscar lograr uno que efectivamente represente el interés de la población.
