Por Victoriano Martínez
Desde el pasado jueves 7 de diciembre, el burdo disfraz de transparencia con el que opera la opacidad reinante en la administración pública en el Estado cuenta con un adorno más, tan mal confeccionado que es una muestra más del exceso de simulación y el cinismo con el que se atenta contra el derecho de acceso a la información pública en San Luis Potosí.
Con más de seis años de retraso, el Congreso del Estado por fin nombró a los cinco integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, cuyo (de) mérito principal es no haber ejercido el derecho de acceso a la información pública sobre el que fueron convocados para ser oídos y consultados.
Cuando menos cuatro de los cinco nombrados –si no es que los cinco–, en la entrevista realizada como parte del proceso de selección reconocieron que nunca habían presentado una solicitud de información, que representa la acción básica del ejercicio del derecho de acceso a la información pública como sujetos activos.
De los 20 aspirantes a formar parte del Consejo, se informó que sólo dos señalaron haber presentado solicitudes de información, en tanto que 14 fueron (¿o aún son?) responsables de unidades de transparencia.
De esos dos casos, sólo se pudo constatar uno, el de Karla Noemi López Reyes, quien no solo presentó solicitudes de información, sino que lo hizo con un sentido de su aprovechamiento social para buscar resolver el problema de un drenaje colapsado en su colonia… y lo logró.
Lo que no pudo lograr fue ser parte del Consejo Consultivo. Seguro notaron que no encajaba en el perfil de mero adorno que buscaban para su pretendido y desacreditado esquema de simulación de transparencia.
Queda por verificar si entre los cinco nombrados se encuentra la otra persona que tuvo la experiencia de haber presentado una solicitud de información. El hecho es que la inmensa mayoría, sino es que todos, no han tenido contacto en los hechos con buscar obtener información pública conforme a la Ley de Transparencia.
No es un asunto menor y Samuel Bonilla, precursor del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública (PlanDAI) lo expuso con claridad.
“¿Cómo vas a opinar de un derecho que no has ejercido?, ¿cómo vas a sugerir o proponer sobre derechos que solamente conoces en el papel o en la teoría o desde el campo de los sujetos obligados? Haber vivido violaciones a la ley, como que se tarden un año en resolverte un recurso de revisión, recibir respuestas negativas sin fundamento o evasivas o prevenciones que solo quieren disuadir el solicitante, genera un bagaje de experiencia muy importante para intentar contrarrestar o corregir desde el Consejo Consultivo”.
Si el Congreso del Estado no se tomó en serio buscar integrar un Consejo Consultivo que pudiera hacer un buen papel, de los comisionados de la CEGAIP menos se pudo esperar.
El nombramiento de su Consejo Consultivo no mereció ni siquiera que le dieran la bienvenida en sus redes sociales, en las que hasta esta madrugada el tema no se menciona. Una confirmación de lo que David Menchada, presidente de la CEGAIP, dijo a un solicitante en el sentido de que no tomarían en cuenta al Consejo.
Las resistencias a liberar no sólo la información pública que se solicita sino también la que debe ser difundida de oficio, que Samuel Bonilla describe de manera sintética, hoy muestran una tendencia cada vez mayor hacia la opacidad y el ocultamiento total de la información.
El mismo día que se nombró al Consejo Consultivo de la CEGAIP se conoció la información sobre la reserva de la información sobre el gasto total, el padrón de proveedores y el proyecto integral de la MetroRed, que se suma a las reservas sobre las obras de rehabilitación del Parque Tangamanga I, la remodelación de la Feria Nacional Potosina y la compra de patrullas para la Guardia Civil Estatal.
En todos los casos se trata de información que forma parte del catálogo de la que debe ser difundida de oficio en las plataformas Nacional y Estatal de Transparencia. Una violación a la Ley por partida doble, ante la que la CEGAIP incumple su función como órgano garante y acredita que no es más que un oneroso adorno en la simulación de transparencia.
Resulta relevante la justificación de Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes, quien señaló una confusión aparentemente entre la Red Metro, como se llamó en el sexenio pasado, y la MetroRed de ahora.
¿Mala lectura de la solicitud a pesar de que exponía como periodo de la petición lo que va de este sexenio? Hasta ese tipo de “confusiones” son mecanismos para la opacidad.
Va a resultar interesante la opinión colegiada y las propuestas que presenten Juan Eduardo Bendeck Cordero, Román Covarrubias Reyes, Nancy Esmeralda Hernández Cervantes, Celia Berenice Moreno y Elizabeth Jalomo de León, en su calidad de integrantes del Consejo.
Será entonces cuando se vea qué tan genuino es su interés por impulsar y promover el derecho de acceso a la información pública… o simplemente como la CEGAIP, se prestan para ser un instrumento más en la simulación de transparencia.
