Por Victoriano Martínez
Fueron tantas las ocasiones en las que Ricardo Gallardo Cardona se exhibió en reuniones con grandes empresarios, entre quienes destacaban los principales socios de proyectos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito y además socios de medios de comunicación, que entonces era sospechoso que el mandatario no se pronunciara sobre la propuesta de Área Natural Protegida.
Después del 13 de diciembre, cuando se publicó el decreto que declaró el Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito (ANPSSM), Gallardo Cardona se manifestó excesivamente cauto, como para evitar lastimar sus nuevas relaciones amistosas con el sector empresarial.
El 5 de enero, cuando firmó el convenio de colaboración con María Luisa Albores González, titular de SEMARNAT, para promover la protección del ANPSSM, Gallardo Cardona se vio incómodo en la rueda de prensa ofrecida en conjunto con la funcionaria federal y, tan fue así, que sobre el tema que convino promover ampliamente ya no ha vuelto a hacer declaraciones.
Este jueves 27 de enero, el gobernador publicó en el Periódico Oficial del Estado el “decreto Administrativo mediante el cual se crea el Consejo Consultivo Potosí” en el que, por segunda ocasión, se le da al sector empresarial la condición de representantes de la sociedad civil. “…la sociedad civil a través del sector empresarial…”, dice el documento.
Ya el 11 de noviembre había instalado el Consejo Ciudadano por la Seguridad de San Luis Potosí, integrado exclusivamente por representantes de organismos empresariales y funcionarios del gabinete de seguridad, en cuya primera reunión la principal preocupación fue desalojar las manifestaciones, cuyo impulso sólo alcanzó para quitar el plantón frente a la Casa de la Cultura.
Hoy la nueva representación ciudadana en manos de empresarios muy identificados con los proyectos en la Sierra de San Miguelito se presenta para “impulsar el desarrollo y la competitividad económica de la Entidad a través de la planeación y ejecución de políticas públicas en materia de inversión productiva e infraestructura”.
De no ser por la declaratoria de ANPSSM, lo más seguro es que el Consejo Consultivo Potosí tendría los ojos puestos sobre la Sierra de San Miguelito para planear y ejecutar inversión productiva y de infraestructura, como de por sí ya habían exhibido en los proyectos presentados en el IMPLAN durante las consultas para los programas de desarrollo urbano aprobados el año pasado.
Hoy tendrán que trabajar su imaginación para generar nuevas ideas para planes de infraestructura para los que se pondrá a su disposición, según el comunicado de gobierno del estado, una bolsa de cuatro mil millones de pesos… a menos que desde ahí pudieran intentar nuevos embates para atentar contra la ya oficial Área Natural Protegida.
Hoy comienza una cuenta regresiva para ver hasta dónde puede llegar ese grupo de empresarios que se exhibió públicamente cercana a Gallardo Cardona, ya que el decreto establece un plazo de 30 días para que quede instalado el Consejo Consultivo Potosí, lapso en el que tendrá que nombrar a los 15 empresarios considerados para formar parte del mismo.
No sólo la forma discrecional en que se deja en manos del gobernador la definición de los nombramientos, sino la potestad determinante que tiene sobre éstos colocará a los 15 afortunados en condición de tal supeditación con tinte de subordinación al contentillo del mandatario.
“Los consejeros ciudadanos serán nombrados por el período que determine el Presidente del Consejo (léase Gallardo Cardona) y en su caso, podrán ser removidos de su cargo cuando éste lo determine”, dice el segundo párrafo del artículo cuarto del decreto.
Que el Consejo sesione cuando lo determine el presidente (otra vez léase Gallardo Cardona) o si lo pide más de la mitad de los consejeros, y que en caso de empate el presidente tenga voto de calidad, son en realidad insignificancias.
No obstante, son elementos que, junto a la discrecionalidad para poner y quitar consejeros, ponen en duda la afirmación en el sentido de que el Consejo “vendrá a dar legalidad y transparencia a todas las acciones de su gobierno”, como dice el comunicado.
Sólo en el primer artículo del decreto define el Consejo “como un órgano consultivo, ejecutivo, propositivo, de asesoría y diálogo ciudadano”, pero en el resto se omite por completo el carácter ejecutivo.
A pesar de eso, el último artículo echa por tierra toda intención de legalidad y, sobre todo, de transparencia en las actuaciones al manifestar una clara tendencia a buscar la forma de ocultar información, pues dice:
“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Los documentos que emanen del Consejo, se sujetarán a las condiciones y reservas previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado”.
¿Qué necesidad tiene Gallardo Cardona de enfocarse en las reservas si el principio que rige la transparencia es que toda la información sobre los actos de gobierno es pública y las reservas son las excepciones? Bastaba con que se mencionara que el Consejo atenderá esas dos leyes que, de hecho, con las características señaladas en el primer artículo, tiene que hacerlo.
Y tan tiene que hacerlo, que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a estas alturas ya debería iniciar la declaración de ese Consejo como sujeto obligado y abrirle su apartado en la Plataforma Estatal de Transparencia para que cumpla con sus obligaciones de difusión de oficio de la información que genere y maneje. ¿Se atreverá?
Todo un panorama que coloca a los empresarios que ya se perfilan a ser llamados a integrar ese Consejo en un papel entre comparsas y cómplices por conveniencia propia de un gobierno de burdas apariencias por simular que está abierto a la participación ciudadana y la transparencia.
