Fernanda Durán
En el marco del Día de la Acción por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exhortó al Congreso del Estado a que adecúe la tipificación del aborto en el Código Penal del Estado y formule políticas públicas de salud integral para acceder a la interrupción segura del embarazo.
“A favor de la progresividad de los derechos de las mujeres y de la armonización legislativa”.
A través de un pronunciamiento, el Consejo indicó que la finalidad de esta adecuación es que se integre un plazo proporcionado que permita el ejercicio de decisión libre, e incluso se establezcan las condiciones sanitarias dignas, especialmente dirigidas a aquellas mujeres en situación de marginación, discapacidad y en favor de las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas.
Además, propuso su colaboración para trabajar con el Poder Legislativo en reformas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, “reconociendo que el acceso a la interrupción legal del embarazo contribuye a salvaguardar la salud y la vida, la autonomía y la dignidad de las mujeres permitiéndoles tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida”.
Dentro de los antecedentes que orientan hacia tomar acciones que eviten la criminalización absoluta, las y los consejeros advirtieron que las adecuaciones en torno al aborto no pretenden dejar sin efecto todos los artículos de los códigos penales, ya que también se han establecido sanciones a quienes causen el aborto contra la voluntad de la madre.
“Lo cual es común en situaciones de violencia machista y feminicida, pero sí se busca despenalizar el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, tanto para crear una política de salud que permita métodos seguros, como para garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres”.
Destacaron que las consecuencias en la salud de las mujeres a un aborto seguro dan como resultado abortos incompletos, hemorragias, infecciones, perforación uterina y daños en órganos internos, fenómenos que provocan la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres al año.
“México comparte esta desafortunada situación siendo que por lo menos desde 2011 el aborto es parte de las causas principales de mortalidad materna conforme a la información publicada semanalmente a través de la vigilancia epidemiológica de las autoridades de salud a nivel federal”.
