Por Victoriano Martínez
Si el Consejo de la Judicatura cumpliera su obligación constitucional como encargado de la administración, vigilancia, disciplina y promoción de la carrera judicial, los temas que incorporaría a la agenda pública estarían relacionados con correcciones en la administración de justicia y medidas para lograr que sea pronta y expedita, y no sobre situaciones conflictivas en su desempeño.
Desde el propio mecanismo para el nombramiento de los consejeros surgen los primeros señalamientos en el sentido de que se privilegian criterios muy ajenos al interés de mejorar la administración de justicia con personajes que, antes que contar con experiencia en el ámbito judicial, llegan por relaciones políticas coyunturales.
Es así como pueden llegar personajes que durante su desempeño pueden ser blanco de solicitudes de juicio político en su contra, como ocurrió el 14 de junio de 2016, cuando Juan José Zavala Pérez, de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México presentó uno en contra Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, consejero de la Judicatura acusado de homicidio culposo.
Incluso con esos antecedentes pueden figurar como candidatos a ser reelectos, como fue el caso, sin que importara la existencia de un claro conflicto de intereses entre su situación como presunto responsable de un homicidio doloso y du posición como encargado de vigilar el buen desempeño de los jueces.
O se pueden registrar casos en los que el gobernador del Estado insista en un personaje a pesar de no haber sido ratificado por el Congreso del Estado, como ocurrió con el representante del Ejecutivo, Javier Delgado Sam, el 26 de agosto de 2020.
Tanto se llega a manejar en sentido contrario a la función que debe cumplir, que se pueden dar casos en los que el Consejo de la Judicatura llega a crear chivos expiatorios con tal de encubrir a quienes tienen un desempeño irregular y hasta delictivo, por ejemplo, en el manejo de los recursos depositados como fianzas.
Así fue como quedó registro del caso de Liliana Guadalupe Mejía Elizondo, quien como secretaria de acuerdo del Juzgado Quinto del Ramo Penal, fue sancionada por robo de billetes de depósito por más de un millón de pesos en el Juzgado Quinto del Ramo Penal a pesar de apenas tener diez días en funciones en ese juzgado.
Poco importó que un grupo de jueces y una magistrada solicitaran al entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Almazán Cue, una explicación y que informara sobre las acciones para la recuperación de las fianzas perdidas.
Un Consejo de la Judicatura distraído en ese tipo de desviaciones antes que en sus obligaciones, que no resulta raro que aquel presidente, Almazán Cue, acumulara señalamientos y acusaciones incluso de imponer “línea” a los jueces para la emisión de las sentencias.
Con todos esos antecedentes como magistrado presidente del Poder Judicial, Almazán Cue logró –por sus relaciones con los otros poderes– ser ratificado como magistrado sin que importaran la extensa lista de irregularidades, casos de nepotismo, violaciones y omisiones cometidas durante su gestión al frente del Poder Judicial, incluidas al menos dos solicitudes de juicio político.
Convertido en un espacio para la comisión de tal serie de irregularidades, el Consejo de la Judicatura hoy es exhibido como una fuente de un privilegio adicional: la costumbre de permitir que quienes dejen el cargo de consejeros tomen la titularidad del juzgado “de su agrado”, o al que estaban adscritos antes de formar parte del órgano colegiado.
Julián Ruiz Contreras, juez Tercero de lo Mercantil del Primer Distrito, así lo expuso en un oficio dirigido al Pleno del Consejo de la Judicatura en el que solicita que, como efectos de ese privilegio que se da a los exconsejeros no se le perjudique a él y ningún juez con el reacomodo de Diana Isela Soria Hernández, quien concluirá su cargo este mes.
Ruiz Contreras, hermano del Fiscal General del Estado, también formó parte del grupo que denunció las irregularidades cometidas por Almazán Cue.
Una revelación que amplía el catálogo de la forma en que el Consejo de la Judicatura desvía su razón de ser y descuida sus obligaciones con la administración, vigilancia, disciplina y promoción de la carrera judicial, que ponen en duda su diseño institucional para mejorar la administración de justicia.
