Estela Ambriz Delgado
Ante el uso político y partidista que se hace de la crisis por desabasto de agua potable en la zona metropolitana de San Luis Potosí, el Consejo Hídrico Estatal plantea crear una norma desde las instancias federales para frenar estas prácticas, así como abordar problemáticas como el desarrollo urbano y el crecimiento industrial bajo un modelo insostenible para la región y la especulación con el recurso hídrico.
El presidente del Consejo, Jonathan Abraham Quintero García, hizo la propuesta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través del jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones, Román Hernández Martínez, a quien en reunión se le expresó que la politización y partidización del agua en la zona metropolitana ha sido una de las razones por las que no se ha podido atender de fondo el problema de desabasto y sobreexplotación del acuífero.
Al respecto, consideró que en esencia no existe interés por solucionarlo, sino que la dinámica suele ser la de seguir lucrando y capitalizando políticamente con el tema del recurso hídrico como se ha hecho históricamente hasta el presente en la capital del estado.
El también investigador explicó que la propuesta de crear una norma federal para evitar el uso proselitista del recurso hídrico consiste en quitarle el color partidista a las propuestas, a las acciones cortoplacistas que se conceden en ciertos sectores de la población, sin resolver de fondo el desabasto y la calidad del agua.
Puntualizó que la iniciativa se plantea con el objetivo de que en verdad se aborde el tema de manera seria y de raíz, es decir, se aborde el problema del desarrollo urbano y el crecimiento industrial; ambos bajo un modelo insostenible para la región y como los principales factores que originan el desabasto de hídrico en la ciudad, pues son temas en los que las autoridades son omisas.
Asimismo, indicó que otro de los objetivos es abordar el tema de la especulación con el agua por parte de privados de manera “legal”, pero inmoral, así como de forma ilegal, mismos que se benefician con el tema de la mal llamada crisis del agua, a costa del desabasto y la desigualdad en el reparto hídrico para los sectores vulnerables de la población.