Abelardo Medellín Pérez
Quién en un Estado libre, democrático, plural e incluyente para todos los sectores tiene la preferencia sobre los asuntos públicos; la respuesta ideal y corta es nadie, sin embargo, la experiencia en la realidad muestra lo contrario.
Hoy, pese a los esfuerzos de gobiernos, colectivos, sindicatos y ciudadanía organizada, impera el control de una clase empresarial (económicamente encumbrada), sobre el resto de las clases. Hasta aquí no hay novedad.
Un enfoque, bastante de antaño, sugiere que esta clase económicamente alta, pasa incluso por encima de la clase política. Hoy no está claro, pareciera más bien que la clase política permite los usuales abusos de clase empresarial y a cambio exige la espectacularización de grupos empresariales.
Al menos así lo muestra el ejemplo potosino.
La semana pasada, a través de un pseudo-boletín, la Secretaría General del Gobierno del Estado informó de una reunión la cual se sostuvo con los integrantes del Consejo Potosí; en dicha reunión se habría acordado la construcción de una nueva Avenida sobre la anterior Av. CFE de la capital potosina que conecte con el eje 122 de la zona industrial y una remodelación de la Glorieta de la Familia ubicada en la zona de Lomas en la capital.
A un año y medio de la constitución de este Consejo Potosí, parece ser un buen momento para revisar la funcionalidad de este concilio que palomea actividades de gobierno y, se supone, sugiere próximos proyectos para el estado.
Cuando el consejo fue constituido oficialmente el 27 de enero de 2022 la promesa era brillante y esperanzadora; el consejo conformado por 15 empresarios, incluiría a representantes de la Universidad, dueños de medios y tendría la opción de invitar a especialistas para consultar sobre proyectos específicos.
Al día de hoy, por ser tan solo una entidad consultiva, no queda claro cómo funciona, cómo se consulta, quiénes participan, cómo definen, cómo se pondera o qué temas se eligen. Nada se sabe, pero mucho se puede suponer.
Dos cosas pidió para este año el concilio empresarial que llaman consejo: mejorar el acceso a la zona industrial y embellecer una glorieta al poniente de la ciudad.
Esto se traduce en dos cosas simples: pidieron mejorar la accesibilidad para la zona donde su ubican sus empresas (sus negocios) y pidieron rehabilitar una zona donde podrían encontrarse algunas de sus propiedades (en una zona encumbrada).
No es raro ni tampoco está mal; si el gobernador hiciera un consejo solo integrado por habitantes de San Miguelito (sin sugerir que es un consejo del Barrio de San Miguelito), pues es altamente probable que los integrantes de este hipotético consejo promuevan y pidan obras para su barrio.
Lo que pasa con el consejo potosí es lo mismo: se puso en un cuarto a un grupo con amplios intereses económicos y empresariales, estos tomaron una decisión en pro de su bienestar y, al parecer, el gobierno atenderá.
Entonces cualquier analista de sillón, con exceso de solidaridad de clase con la capitalista y con alma de secretario de Desarrollo Económico te dirá: “mejorar los accesos de una zona tan transitada por los trabajadores como lo es la zona industrial, de alguna manera, es mejorar la calidad de vida de quienes tienen que viajar hasta sus trabajos en esta zona”.
Pues sí, mejorar las vialidades mejora su traslado, pero no podemos decir que eso mejora su calidad de vida; trabajos que respeten horarios dignos, faciliten traslados decentes y otorguen sueldos suficientes por supuesto que podrían mejorar su calidad de vida, incluso su vida. Una calle puede que no, puede que se convierta solo en una buena excusa para decir: “sí, sigan trabajando para una industria que los ve como ‘recursos’, ahora es más fácil llegar hasta acá”.
¿En el fondo cuál es problema entonces? Que al igual que Consejo Ciudadano por la Seguridad de San Luis Potosí, constituido por este mismo gobierno, la administración de Ricardo Gallardo Cardona se muestra empecinada en formar organismos que respalden sus decisiones desde el enfoque empresarial.
¿Quién le dijo al gobernador que los especialistas en temas de seguridad, para sugerir temas de movilidad o de infraestructura son los empresarios? Claro que van a ser los que tengan más intereses que nadie en que se haga un puente, se termine una calle o se embellezca el centro… pero probablemente estén pensando en cómo todo eso beneficiará a su negocio personal, no a la población.
¿Qué empresario le dirá al gobernador que hay una calle en El Zapote, Soledad de Graciano Sánchez, que está falta de banquetas y luminaria?, ¿por qué un empresario se quejaría de esto, si las colonias de las zonas ricas de la ciudad carecen de esto a propósito como una forma de discriminación al peatón y para priorizar al automóvil en un ejercicio contra intuitivo a las normas internacionales?
¿Qué integrante del sector empresarial le dirá al gobernador que es necesario buscar alternativas de ingresos a zonas como la del municipio de Real de Catorce, cuya dependencia de un solo ingreso ha provocado diversas problemáticas y conflictos sociales?, ¿cuándo el Consejo Consultivo soltará sus intereses sobre la Zona Industrial e invitará a un verdadero experto en infraestructura para revisar la pertinencia de sus pretensiones?
Al igual que el consejo de Seguridad Ciudadano, del cual ya no se ha escuchado nada, el problema de este consejo es su origen. Aglutinar un grupo de empresarios de renombre con los bolsillos llenos de intereses privados, no asegura que sus sugerencias tendrán un impacto positivo en la cosa pública. Todo lo contrario.
El tiempo mostrará que este consejo potosí, carente de una visión ciudadana, fue creado en realidad como una forma de simular la coordinación entre estado y la clase capitalista; nada más y nada menos.
La historia misma, además, mostrará qué interés pesaba más: el de los empresarios por quedar bien con un gobernador autoritario y lejano a la clase empresarial, o el del gobernador por imponer su control sobre una clase empresarial que, de lejos, se nota que lo desdeñan.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
