Por Victoriano Martínez
Hace seis años, las personas con discapacidad lograron hacer obligatorias las consultas previas a la elaboración y aplicación de legislación y políticas que las pudieran afectar.
Hoy, aún no logran ser tomadas en cuenta conforme a las mejores prácticas, por falta de voluntad o por incapacidad para aplicar los lineamientos que incluso se les establecen en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de quienes deben llevarlas a cabo.
Este miércoles 31 de mayo, en el Congreso del Estado se dictaminaron las iniciativas correspondientes a las acciones de inconstitucionalidad 274/2020 y 81/2021, que ordenaron lo que finalmente se convocó como Consulta a Personas con Discapacidad 2023.
En la presentación de resultados se resaltaron cifras sobre el número de participantes (participaron 5 mil 16 personas), antes que una explicación a detalle de las propuestas recabadas y su relación sobre la forma en que fueron tomadas en cuenta para la elaboración del dictamen.
A la luz de las sentencias de la SCJN, la consulta realizada por el Congreso del Estado difícilmente cumplió con los siete lineamientos que se le señalaron para cumplir cabalmente con tomar en cuenta la voz de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las apoyan.
Catalina Torres Cuevas, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha dado puntual seguimiento a la Consulta del Legislativo y desde que comenzó advirtió sobre omisiones que la harían perder validez… y lamentablemente tras el dictamen de las comisiones legislativas, se confirman.
De los siete lineamientos establecidos por la Corte, sólo el primero (que debe ser “previa, pública, abierta y regular”) puede considerarse cumplido, pero no así sobre los seis restantes. Torres Cuevas compartió las razones por las que no se cumplieron seis de los siete lineamientos.
De acuerdo con el segundo lineamiento, la consulta debe ser “estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad”. Se les entregó un cuestionario de preguntas cerradas (seleccionar opciones de sí o no), lo que no resulta una consulta estrecha, además de convertirla en una consulta inducida.
La consulta tampoco fue “accesible” (tercer lineamiento) porque estaba destinada a personas con discapacidad mental, quienes requieren de apoyos específicos para poder interactuar con otras personas, pero no se previó que se les dieran esos apoyos.
“De hecho, la consulta debió haber sido focalizada a ellas. La Corte ha expresado que, si la Ley trata sobre personas con Síndrome de Down, la consulta es a ellas, o si trata sobre personas con espectro autista, igual es a ellas a quienes se consulta. Esta debió haber sido para las personas con discapacidades mentales, pero no fue así”, explicó Torres Cuevas.
Otra deficiencia para la accesibilidad se dio desde la publicación de la convocatoria, de 27 páginas, en las que se incluyeron términos legales que ni los propios diputados entendieron. No hubo acceso a documentos que tuvieran mayor claridad.
Tampoco se logró que fuera “informada” (cuarto lineamiento) porque no se le proporcionó a la población objetivo de la consulta información clara, amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretendía tomar.
Entre las deficiencias, quizá la más significativa tenga que ver con la consulta no fue “significativa” (quinto lineamiento) porque al final se tomó la decisión que quisieron sin importar lo que dijeron los consultados.
“No se reflejó la trascendencia de las contribuciones de las personas con discapacidad al producto de la actividad legislativa, ni tuvieron una participación efectiva de las personas con discapacidad, ya que la participación se redujo a una exposición de diversos puntos de vista, sin que se advirtiera que el legislador las tomara en cuenta”, expuso Torres Cuevas.
Añadió que en el dictamen, ni en alguna otra aclaración posterior, se estableció que “se hubiera efectuado un análisis adecuado y la valoración correspondiente que contribuyera en la confección de la ley a partir de las manifestaciones vertidas por las personas con discapacidad en sus intervenciones”.
En la Reunión con Personas con Discapacidad – Consulta 2023, realizada este 31 de mayo, Torres Cuevas preguntó sobre la forma en que se tomaron en cuenta las propuestas de los consultados. “¿De qué influyó en el dictamen final? En que los escuchamos” (minuto 31:09), le respondió Carlos Alberto Salazar, asesor de las comisiones, y más adelante agregó: “para formar nuestro criterio”.
Hay un antecedente sobre el incumplimiento de este lineamiento en la acción de inconstitucionalidad 38/2021: no hacer una consulta significativa fue una de las razones por las que la Corte invalidó una consulta en la Ciudad de México.
La consulta del Congreso tampoco logró contar “con participación efectiva” (sexto lineamiento) al no haber privilegiado la participación de las personas con discapacidades mentales a quienes estaba dirigida la consulta, pues de acuerdo con el informe de resultados el 80 por ciento de las personas que participaron fueron niños en las escuelas.
Se incumplió además con que la consulta fuera “transparente” (séptimo lineamiento) por la omisión de una explicación clara y precisa sobre cómo se tomó la decisión final.
Se llega al extremo de poner a disposición pública documentos con los resultados que incluyen una versión de los dictámenes de “lectura fácil” sobre las reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley de Salud Mental, en la que es claro el uso de la técnica copiar-pegar, pues los dos son prácticamente iguales.
A todas luces, la labor realizada por el Congreso del Estado –incluidas las posturas proselitistas del diputado Eloy Franklin Sarabia– presenta omisiones para ser invalidada por la SCJN, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que promovió las acciones de inconstitucionalidad, le corresponde una vez más defender el derecho de las personas con discapacidad.
“Nos enfrentamos a la mismísima presidenta de la CEDH quien sistemáticamente ha evitado llevar a cabo las impugnaciones a las leyes que violan derechos de personas con discapacidad. Hace 6 años ella fue una de las voces que se oponían a hacer la impugnación y ahora, sigue igual”, escribió Torres Cuevas en su cuenta de Facebook.
“No importa si tengamos que tomar la CEDH o las acciones que sean necesarias, no vamos a ceder hasta que la impugnación se presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una pena, y una tristeza que sea una persona con discapacidad y que se diga defensora de derechos humanos, quien opere en contra del colectivo de las personas con discapacidad”, agregó.
Hace seis años lograron hacer obligatorias las consultas. Hoy, la lucha sigue para que sean realmente efectivas.
