Por: María José Puente Zavala
Durante la realización de la Consulta Indígena, el Congreso del Estado de San Luis Potosí ha incurrido en gastos excesivos o, al menos, fuera de lo presupuestado, para la renta de mobiliario, servicios de alimentos e incluso de videograbación de las más de 72 reuniones sostenidas para tal efecto.
De acuerdo con el acta número 32 de la Junta de Coordinación Política, realizada el 25 de abril de 2022, se acordó solicitar al Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal por 5 millones 350 mil 800 pesos con el objetivo de llevar a cabo la Consulta.
Dichos recursos, según el proyecto autorizado, serían distribuidos de la siguiente forma:
• Recursos Humanos: $2’730,500.00
• Renta de mobiliario y equipo para la consulta: $1’074,622.00
• Materiales, alimentación y suministros: $698,716.00
• Gastos, traslados, logística y difusión: $846,962.00
Sin embargo, un mes después, el 25 de mayo, el Comité de Adquisiciones, tras un proceso de invitación restringida, acordó entregar un contrato por un millón 394 mil 035 pesos a Félix Fernando González Rodríguez, de la empresa Alquiladora Génesis, para que proveyera el servicio de “gestión y logística para la celebración de la consulta indígena en el estado de San Luis Potosí”.
Un solo contrato con el que superaron por 547 mil 073 pesos el presupuesto asignado para el rubro de “gastos, traslados, logística y difusión”, sin que por ello cubriera todos los aspectos contemplados en dicha línea de gasto.
De acuerdo con la cotización aprobada, a cambio de un millón 394 mil 35 pesos, Alquiladora Génesis proveería:
• La instalación de 150 sillas en las comunidades donde se realizaría la consulta, por un total de 139 mil 644 pesos.
• La instalación de 10 mesas con mantel, por 24 mil 825 pesos.
• Alimentación consistente en zacahuil para 250 personas en cada una de las 72 sesiones previstas, por 446 mil 895 pesos.
• Vitroleros de agua fresca para la misma cantidad de personas y sesiones, por 28 mil 058 pesos.
• Renta de equipo para videograbar y editar cada una de las 72 sesiones, por 562 mil 320 pesos.
La propuesta de Alquiladora Génesis resultó seleccionada debido a que era menor, por poco más de cinco mil pesos, en comparación con su competencia; sin embargo, en los hechos y, de acuerdo con los listados de egresos del Congreso correspondientes a los meses de junio y julio, la empresa ha cobrado en total un millón 524 mil 515 pesos por sus servicios; es decir, 130 mil pesos más de lo acordado en el proceso de invitación restringida.
Además, en alimentos para los participantes, renta de mobiliario, coffee breaks, alimentos para el staff del Congreso e incluso agua de sabores para 59 asambleas realizadas en el municipio de Tanlajás, el Congreso todavía gastó otros 251 mil 185 pesos extra, al menos hasta julio.
Por otro lado, destaca que en las fotografías con las que el Poder Legislativo ha difundido las sesiones llevadas a cabo se pueden observar mayormente grupos reducidos, incluso menores a 15 personas; y apenas unas cuantas en las que la asistencia se cuenta por encima de las 80 o 100 personas; sin embargo, el servicio de alimentos, bebidas y mobiliario se cotizó para 250 personas en cada evento.
También que, aunque Alquiladora Génesis se registró en el padrón de proveedores como una empresa de alquiler de sillas, mesas y vajillas; además de preparación de alimentos, cobró la cantidad de 562 mil 320 pesos por la grabación y edición del material de video correspondiente a cada sesión.
Lo anterior pese a que la Dirección de Comunicación Social del Congreso cuenta con equipo y personal para dicha tarea y a que, incluso, algunos integrantes de ese departamento viajaron a las sedes de la consulta indígena generando el correspondiente gasto en viáticos.
Además, el 12 de julio, el Congreso pagó una factura más, esta por 64 mil 612 pesos, a José de Jesús Cerda García por concepto de “renta de sonido y micrófonos inalámbricos, toma y edición de video”.
Ya no hay dinero
En total, entre mayo y julio, de acuerdo con los listados de egresos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, el Congreso ha erogado ya 4 millones 936 mil 220 pesos del total asignado para la consulta; por lo que para el mes de agosto dispondría de poco más de 414 mil pesos.
Pese a ello, el 4 de agosto la diputada Bernarda Reyes Hernández reveló que la consulta resultó más cara de lo previsto, debido a que aumentaron las sedes de reunión, aunque no precisó cuántas más se llevarán a cabo, ni cuánto aumentaría el presupuesto requerido.
La diputada admitió ese día que los gastos aumentaron debido a la logística, como lo destinado para la renta de sillas y mesas, entre otros.
Además, el 19 de agosto, según información publicada por el diario Pulso, un grupo de integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) denunció que el Poder Legislativo les adeuda los honorarios correspondientes a la quincena del 15 de agosto y que para cubrir dicho pago serían necesarios cerca de 236 mil pesos.
“Nos comentan que hay que seguir esperando, porque no hay dinero, no hay fondos. Hasta ahorita es lo que nos dijeron. Nos dicen que espérate, pero ¿cuánto más?”, cuestionaron.
Esta no es la primera ocasión en que el Congreso de San Luis Potosí incumple con el pago a quienes se encargan de realizar la Consulta Indígena. En 2020, durante el primer intento por cumplir con ello, también se dejó de pagar a los integrantes del GTO, quienes incluso llevaron su caso ante la justicia federal, donde consiguieron la orden de un juez para que se obligara al parlamento estatal a cumplir con el pago.
Sobre este nuevo reclamo de trabajadores inconformes, el Congreso no ha emitido comunicación oficial alguna.
