Estela Ambriz Delgado
A cuatro años del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger la Sierra de San Miguelito, el movimiento Guardianes de la Sierra no baja la guardia ante el constante acecho de los fraccionadores, y sigue de cerca la elaboración del Programa de Manejo, pues aunque la publicación del decreto ha sido un logro de la lucha social, ambiental, y agraria, los activistas no están del todo conformes porque se dejaron fuera áreas importantes.
El 24 de mayo de 2019 en la Plaza de Los Fundadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a proteger la Sierra de San Miguelito tras preguntar a la gente si quería fraccionamientos o la declaratoria de Área Natural Protegida; desde ese día hasta la fecha, conservar el área y protegerla de los fraccionadores ha sido un camino de dificultades y maniobras de las autoridades coludidas para evitar la declaratoria.
José Corpus Salazar, abogado integrante de Guardianes de la Sierra, dijo que el principal logro en estos cuatro años es la publicación del decreto. Sin embargo, al dejarse fuera áreas como la que abarca el proyecto inmobiliario Ciudad Maderas en Villa de Reyes, siguen de cerca los litigios contra el mismo, y que tiene posibilidades de ser favorable para los ejidatarios.
“El gran logro de la lucha social, ambiental y agraria ha sido la publicación del decreto, aunque el movimiento no está conforme al 100 porque hay áreas que debieron haber sido integradas, como las que corresponden a Ciudad Maderas y otras zonas, sin embargo en ese caso hay un litigio agrario que probablemente ganen los ejidatarios y derriben el proyecto inmobiliario”.
Respecto al Programa de Manejo que estuvo recientemente a consulta, Marco Ernesto Blanco López, integrante de Guardianes de la Sierra, informó que la organización aún hace observaciones y coinciden con el agroecólogo Pedro Nájera Quezada en que hay diversos aspectos que se deben corregir.
Asimismo, el activista informó que la presión de parte de los fraccionadores continúa, sin embargo, con la publicación del decreto estos se han visto impedidos para realizar mucho de lo que pretendían.
Corpus Salazar agregó que actualmente la estrategia del movimiento es consolidar posiciones dentro de los ejidos en conflicto o que son manipulados por los fraccionadores; y por otro lado, continuar con la disposición de apoyar el trabajo institucional para lograr que la mayor parte de los ejidos y comunidades se integren a los programas del Gobierno Federal, aunque siempre señalarán lo que consideren necesario.
“Si hay algunas cosas en las que no se esté de acuerdo, se señalan y se cuestionan porque no queremos se vuelva a repetir lo que sucedió en 2021, cuando algunos funcionarios pactaron con los fraccionadores, por lo que debemos estar muy al pendiente de que todo se desarrollo correctamente”.
La colusión de autoridades con los fraccionadores, el gran obstáculo en el camino
Ese 24 de mayo de 2019 el exgobernador Juan Manuel Carreras López intentó entregar un archivo incompleto a manera de solicitud de declaratoria, como parte de un acuerdo con los fraccionadores, donde se pretendía excluir zonas de importancia para desarrollos inmobiliarios ubicadas en San Juan de Guadalupe, así como los ejidos de Escalerillas, El Aguaje y El Terrero, y comunidades como Jesús María, Emiliano Zapata, Rodrigo, y Calderón, de Villa de Reyes; Suspiro Picacho y un área de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz, de Mexquitic de Carmona.
Tras la manifestación de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades municipales aceleraron la elaboración y publicación de los programas de ordenamiento territorial permisivos con la urbanización de la Sierra de San Miguelito, cuestión que Guardianes de la Sierra logró frenar.
Sin embargo, algunos funcionarios federales pretendieron pactar con fraccionadores; se detectaron acercamientos entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los representantes del proyecto Cañadas, así como de Ciudad Maderas, y del ejido San Juan de Guadalupe, entre otros, lo que generó un confrontamiento entre Semarnat, Guardianes de la Sierra de San Miguelito y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues sus funcionarios llegaban a acuerdos para quitarle y segregarle partes al ANP.
Los fraccionadores, a través de sus aliados en ambas instituciones, pretendían deslindar mil 805 hectáreas, lo que generó gran controversia a nivel nacional, pues tras el ataque al periodista Julio Hernández y al movimiento Guardianes de la Sierra, se generó un debate entre el periodista y el presidente de la República el 28 de julio de 2021, con un resultado a favor del movimiento.
Guardianes de la Sierra se involucró en la consulta previa a la emisión del decreto, movilizó a miles a comparecencias donde exigieron que se quedara firme la inclusión de esa superficie pretendida por el sector inmobiliario.
Finalmente, López Obrador tuvo que poner en orden a la Semarnat y destituir a quienes habían incurrido en negociaciones con los empresarios, aunque los representantes de los fraccionadores operaron unos días antes de la emisión del decreto el 13 de diciembre de 2021. Sin embargo, se logró que se incluyeran no solo las mil 805 hectáreas, sino también otras casi dos mil hectáreas que habían dejado fuera la misma Conanp y Semarnat en las negociaciones con el sector inmobiliario.
