Por Victoriano Martínez
La Contraloría General del Estado concluyó que “existen elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad” del Ministerio Público y abogados de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas por haber negado el carácter de víctima a Ángel Sánchez Soto, cuya familia fue asaltada en su vivienda.
Sánchez Soto fue notificado esta mañana sobre la determinación de la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial de la Contraloría de emitir un informe de presunta responsabilidad en contra de Juana Carina Luna Betancourt, agente del Ministerio Público, y de José Enrique Mendoza, como director de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
El informe será turnado a la Dirección de Responsabilidad y Ética Pública de la propia Contraloría para que se substancie y se determinen la resolución del caso. En la notificación, se señala que como parte del informe se deben solicitar medidas cautelares.
El pasado 18 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito resolvió el juicio de amparo 1136/2018, promovido por Sánchez Soto, en el que ordenó que se le reconociera como víctima en el caso del asalto sufrido por su familia el 4 de septiembre de 2016, que generó un enfrentamiento de su hermano con los delincuentes, de entre quienes uno resultó muerto.
A Ángel Sánchez Soto se le negó su participación como testigo en las audiencias del proceso que se sigue en contra de su hermano, que fue la razón por la que recurrió al juicio de amparo.
Sánchez Soto comentó que en su momento acudió a Jorge Vega Arroyo, titular de la CEEAV, y al director del área jurídica, para que intervinieran con el abogado que no lo quiso reconocer como víctima, pero también le dieron la razón para desconocerlo.
“Avalaron lo que dijo el licenciado de que yo no era víctima y a estos se les cayó la cara de la vergüenza cuando un juez federal me dio la razón de que sí soy víctima, algo increíble el actuar de estos servidores públicos”, expresó.
Tras la resolución del juez, Sánchez soto presentó una queja ante la Contraloría General del Estado para que se sancione a los responsables de no reconocerle su carácter de víctima, sino hasta que se le otorgó el amparo.
