Estela Ambriz Delgado
En representación de la Contraloría Autónoma del Agua de San Luis Potosí, Rogel del Rosal Valladares presentó diversas propuestas en el proceso de consulta para la elaboración de la Ley General de Agua, en el foro “Transformando el Régimen del Agua en México”, organizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Ciudad Victoria, Tamaulipas el pasado 10 de febrero.
El representante resaltó la importancia del papel que juegan las contralorías autónomas del agua para revertir la crisis hídrica que se manifiesta en cada vez más escasez y mala calidad del agua, como resultado de un largo periodo de entrega de concesiones en el que el siete por ciento de los concesionarios concentran el 70 por ciento de las aguas concesionadas, en el que se sobreexplotó el acuífero y se contaminó más del 60 por ciento de los ríos de México.
“El papel de las contralorías es fundamental para monitorear, documentar malas prácticas para su denuncia, y proponer soluciones técnicas, administrativas, políticas y legislativas ante la grave problemática”.
Para fundamentar las propuestas de la contraloría, ejemplificó con la situación de la Huasteca Potosina, que es parte de la cuenca hidrológica del río Pánuco, de la cual en su conjunto las agroindustrias azucareras y citrícolas, industrias ganaderas, cementeras y termoeléctricas, tienen cerca de 60 millones de metros cúbicos anuales en sus títulos de concesión.
Resaltó que no existen sistemas de medición sobre los volúmenes de uso de agua ni tampoco de monitoreo de las descargas, lo que permite la mercantilización del recurso hídrico, la contaminación de los ríos y, por consecuencia, periodos prolongados de escasez y el suministro de agua de mala calidad para la mayoría de la población, así como la desaparición de muchas especies acuáticas y de medios de vida de la población rural.
Rogel del Rosal expuso también que existe la amenaza de la técnica de fracturación hidráulica o fracking para la extracción de gas y petróleo en toda la región costera del país, así como de la intención de los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León de trasvasar aguas del río Pánuco en volúmenes de 15, 25 y hasta 45 metros cúbicos por segundo hacia esas entidades, e incluso a Texas, lo cual no debe permitirse por sus efectos dañinos la sociedad y al medio ambiente.
Agregó que es importante reconocer el papel que juegan los sistemas y comités comunitarios del agua de ejidos, comunidades y colonias en la atención de las necesidades del vital líquido a sus pobladores, quienes no han tenido reconocimiento jurídico ni financiamiento para su eficaz funcionamiento.
Recalcó que es necesario la creación de una sola Ley General de Aguas que armonice los principios establecidos en los artículos 1, 2, 4 y 27 de la Constitución y los del marco normativo internacional suscritos por México, y al considerar que casi el 70 por ciento de la población de la Huasteca Potosina es indígena, se les consulte sobre esta nueva norma.
Asimismo, el representante de la contraloría consideró que esta nueva ley debe recoger los consensos expuestos en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, presentada el 4 de febrero de 2020 a la Cámara de Diputados, producto de múltiples eventos de consulta y reflexión entre pueblos indígenas, organismos de la sociedad civil, universidades, investigadores y miembros de la academia.
Entre los principios que dicha propuesta destacan el respeto a la naturaleza; así como a las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades; coadministración del agua en el territorio; reconocimiento del derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos; prohibición de suministro de agua para minería tóxica y fracking; acabar con el acaparamiento, contaminación e impunidad por grandes usuarios; cerrar puertas a la privatización; democratizar los servicios de agua; priorizar agua para la soberanía alimentaria; garantizar acceso pleno a la información; asegurar los recursos públicos suficientes, y erradicar la corrupción y la impunidad.
