Estela Ambriz Delgado
En el marco de la conformación de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, con representación de 28 estados de la República Mexicana, sus integrantes hicieron recomendaciones sobre algunos de los temas más urgentes en el territorio nacional en torno al derecho humano al agua.
Expresaron que celebran el compromiso de la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo con el saneamiento y restauración de los ríos Lerma-Santiago, Tula-Salado y Atoyac, y ofrecieron el apoyo de las comunidades e investigadores de la Contraloría, con análisis científicos que han realizado con los Proyectos Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) sobre las sustancias tóxicas presentes en esos ríos, así como de las dinámicas productivas y del manejo de aguas y lodos residuales municipales contaminantes.
Señalaron la necesidad de reconocer la alta vulnerabilidad de la Península de Yucatán y otros territorios y acuíferos kársticos, así como el riesgo de la intrusión salina por la sobre extracción de acuíferos costeros.
Apoyan el compromiso de lograr un aprovechamiento óptimo del agua, con el fin de liberar los volúmenes requeridos para el derecho humano al vital líquido, a través de estrategias que respeten los pueblos, ríos, lagos, cenotes y ecosistemas. Para lograr este fin, señalan en primer lugar la necesidad de garantizar los recursos federales y la capacidad técnica requerida para prevenir fugas en las ciudades, dada la pérdida de más de la mitad de los volúmenes extraídos para el uso público urbano.
De igual manera, concuerdan con la propuesta de eficientar el uso de agua por los Distritos de Riego, pues la proposición de tecnificación sólo podría liberar volúmenes de agua sin despojo, bajo condiciones como la prohibición de la venta de derechos y de excedentes, así como los usos no agrícolas de las aguas; reemplazar de las actuales figuras jurídicas acaparadas por grupos de poder, con organizaciones democráticas y transparentes; y revertir la política de transferencia de los distritos y de Temporal Tecnificado, para que el estado recupere su papel rector.
Asimismo, proponen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ejerza su papel como cabeza de sector, para así poder fomentar políticas de coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Además de un trabajo a fondo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para eficientar el uso de las aguas nacionales por las plantas termoeléctricas, siendo el principal uso de carácter industrial, y para lograr que los pozos ilícitos no cuenten con electrificación; sumado a la creación de una política fiscal con los organismos operadores de sistemas de agua y saneamiento, para que la CFE pague los derechos por el uso de aguas nacionales y descargas en cuerpos receptores, y reinstale la tarifa de servicios públicos.
