- Jorge Vega Arrollo, ex titular de la CEEAV, entre los involucrados
Victoriano Martínez
Diez funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y tres de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) incluido su extitular, Jorge Vega Arroyo, fueron encontrados culpables de violaciones a los derechos humanos de las víctimas de Noria de San José, derivados del desalojo de sus viviendas en 2014.
De acuerdo con las resoluciones notificadas por la Contraloría General del Estado a los quejosos el pasado 30 de agosto y el 15 de septiembre, los funcionarios de la FGE incurrieron en dilación indebida de la integración de carpetas de investigación, en tanto que los de la CEEAV omitieron dar cumplimiento a la recomendación 18/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“Estas resoluciones documentan y son prueba plena, de la incapacidad y corrupción que se vive en la Fiscalía, y como desde la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se opera para servir a intereses ajenos a las víctimas”, advirtió Griselda Haro, una de las afectadas en Noria de San José.
Comentó que tanto en la FGE como en la CEEAV se obliga a las víctimas a litigar para conseguir la reparación del daño, como sucedió en su caso, o se limita y acota el derecho a la justicia con una deficiente asesoría jurídica.
“Tenemos una Fiscalía que tarda más de cinco años en integrar una carpeta, con la consigna de que estas no prosperen, beneficiando a una inmobiliaria corrupta y corruptora, en contubernio con los funcionarios públicos, tratando de enterrar las violaciones a derechos humanos que se han cometido en la administración de Juan Manuel Carreras”, señaló.
Haro indicó que en el caso de la CEEAV fue su propio director, Vega Arroyo, quien acaba de renunciar, el que se dedicó —desde que fue presidente de la CEDH— a entorpecer el acceso a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas.
“Aunque afortunadamente, Jorge Vega Arroyo ya se fue de la CEEAV, es francamente desalentador y un despropósito que pretenda ocupar un alto puesto en la nueva administración que esta por empezar”, dijo.
Lo calificó como un personaje oscuro que seguramente desde su nueva posición de poder continuará con el perverso objetivo para que los justos reclamos de las víctimas sean silenciados e invisibilizados.
Los funcionarios a quienes se les encontró responsabilidad administrativo en la FGE son: Octavio Augusto Cardoza Mora, María Otilia Sánchez Garibay, Socorro González Hernández, Juana María Aranda Nava, Berenice Mayagoitia Escamilla, rosa Almendárez Vega, Perla Rivera Correa, José Pérez Saucedo, Eliza Castillo Rangel e Imelda Vázquez Martínez.
En el caso de la CEEAV, los encontrados con responsabilidad son: Liliana Lira Ávila, Erika Betzabé Martínez Ledezma y Jorge Vega Arroyo.
Los dictámenes de las direcciones de Legalidad e Integridad Pública y de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial establecen que se encontraron los elementos suficientes para demostrar la existencia de las infracciones denunciadas.
Los dos expedientes fueron turnados a la dirección de Responsabilidades y Ética Pública de la propia Contraloría General del Estado para que aplique lo que proceda legalmente.
