Estela Ambriz Delgado
Ante el acaparamiento y contaminación del agua por parte de algunas empresas, causando escasez de agua y la incapacidad de las autoridades para frenarlo, organismos regionales de la Huasteca potosina consideran que es necesario la conformación de una Contraloría Autónoma del Agua con la participación más amplia de diversos sectores sociales para garantizar el derecho humano al agua y su manejo sustentable, por lo que realizarán un encuentro regional para constituirla el próximo 18 de agosto.
El Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de San Luis Potosí organiza el “Encuentro Regional Constitutivo de la Contraloría en la región Huasteca” para presentar un diagnóstico de la problemática hídrica regional, aprobar el código de ética, reglamento y plan de trabajo, e integrar un consejo de asesores.
Al respecto, Rogel del Rosal Valladares, integrante del grupo y asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Indígenas de la Huasteca Potosina, indicó que este evento forma parte de un proceso a nivel nacional, dada la ausencia de autoridad en la materia, siendo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentra rebasada.
Destacó que la iniciativa surge de un conjunto de organismos regionales preocupados por el proceso de degradación de las aguas en el país, así como el interés de construir mecanismos de defensa del agua como un bien común, garantizando el derecho humano a la misma y su manejo sustentable a través la participación social en su gestión.
Explicó que a partir de un diagnóstico que han hecho en la región, ven que hay una situación de acaparamiento del recurso hídrico por parte de algunas empresas que también la contaminan, causando escasez en las zonas urbanas y rurales, una mala calidad y afectaciones a los pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes no cuentan con el líquido para poder desarrollar sus cultivos.
Rosal Valladares señaló que son principalmente 10 empresas las acaparadoras; tres termoeléctricas, cuatro ingenios azucareros, dos industrias ganaderas, y una industria citrícola, que usan agua de los ríos Moctezuma, Huichihuayán, Tampaón y Gallinas, que están ubicados en distintas zonas de la Huasteca.
Los objetivos de la contraloría
El objetivo de la conformación de la contraloría es contar con diagnósticos para ubicar bien los problemas, elaborar y presentar soluciones ante las autoridades en los distintos niveles de gobierno, y en perspectiva buscan crear las condiciones para contar con instancias de este tipo en toda la cuenca del río Pánuco. Igualmente para impulsar un proceso de restauración de la cuenca, toda vez que se reciben aguas con descargas de industrias desde la Ciudad de México, así como aguas residuales en el trayecto y la contaminación de las empresas locales.
Asimismo, Rogel del Rosal señaló que otro de los objetivos de la contraloría es impulsar la realización de una nueva Ley General de Aguas, pues dada la ausencia de autoridad en la materia y el proceso que se ha vivido durante el periodo neoliberal de acaparamiento, sobreexplotación y contaminación de las aguas nacionales, actualmente, de los 556 ríos que existen, 65 por ciento se encuentra contaminado y Conagua no tiene capacidad institucional de poder atender toda la problemática, pues está sujeta a la ley aprobada en el régimen salinista de 1992, que prácticamente mercantilizó este bien común para fines lucrativos.
“Urge un nuevo marco jurídico a través de una nueva Ley General de Aguas (…) Conagua no tiene capacidad institucional, apenas tiene 85 inspectores para supervisar 538 mil concesiones que se han otorgado desde 1992 hasta 2018, de las cuales el 70 por ciento es acaparada por el 7 por ciento de los concesionarios, de los que sobresalen refresqueras, cerveceras, mineras y también los distritos de riego para la producción de productos de exportación”.
Finalmente, convocó a la población a asistir al encuentro el próximo domingo 18 de agosto a las 10:00 de la mañana en el Auditorio Municipal Luis Donaldo Colosio de Xilitla, a fin de que representantes de los ejidos y comunidades indígenas, miembros de las universidades, investigadores, el sector turístico, productores de alimentos, organismos de la sociedad civil y del tema ambiental formen parte de la Contraloría.
