Estela Ambriz Delgado
La Contraloría Autónoma del Agua de San Luis Potosí llevará a cabo este domingo 16 de febrero el Foro “Territorios libres de proyectos destructivos de los bienes comunes”, para abordar las problemáticas ambientales de la región Huasteca y los alcances en relación a la reforma al artículo 2 constitucional, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas.
El principal objetivo del foro es conocer el contexto actual y las presiones que hay para implementar técnicas para la extracción de recursos como la fracturación hidráulica o fracking, trasvase de ríos, minería tóxica, cultivos transgénicos, agroindustrias y otros mega proyectos lesivos de derechos humanos y del medio ambiente, así como los alcances de la reforma, para diseñar estrategias de defensa, gestión del territorio y fortalecimiento de capacidades de autogobierno.
El foro tendrá como ponentes al economista y experto en materia ambiental, el doctor Andrés Barreda Marín, integrante de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer); la licenciada Mayra Olivo Paz, abogada del programa Tierra y Territorio del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), así como representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El representante de la contraloría, Rogel del Rosal Valladares, indicó que este evento también tiene como propósito socializar la forma en que el modelo neoliberal ha conformado las “Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental” o también llamados “infiernos ambientales”, en las que la implantación de un sinnúmero de industrias ha contribuido a la contaminación de aguas, suelos y aire, y por consecuencia a la proliferación de múltiples enfermedades de las persona y la devastación de los ecosistemas.
“El tema es oportuno tratarlo, toda vez que en la región se resienten cada vez más los impactos a la salud y al ambiente, de la operación y descargas que realizan las agroindustrias, industria ganadera, termoeléctricas, cementeras, entre otras, pues estas operan sin mayor regulación. La contaminación y desaparición de ríos y manantiales es evidente, por lo que la sociedad tiene el derecho de conocer lo que está pasando, a fin de proponer soluciones técnicas, administrativas, políticas y jurídicas”.
Rogel del Rosal destacó que al considerar que la población indígena en la región representa casi el 70 por ciento del total de la población, el foro se propone desmenuzar los alcances de la reforma del artículo 2 constitucional, en relación a las facultades que tienen los pueblos y comunidades indígenas para cuidar y proteger el territorio, así como la creación de autogobiernos en el ámbito municipal y regional.
Subrayó que ambos temas tienen una sólida interrelación, pues las operaciones de empresas contaminantes afectan el hábitat de las colectividades indígenas, de modo tal que en el contexto jurídico actual se busca esclarecer el camino para que haya regulaciones que detenga el proceso de contaminación de aguas, suelo y aire, se restauren los ecosistemas y se fortalezcan los procesos de autogobierno indígena, dada la relación que tiene este sector con la naturaleza.
Además este evento, que se llevará en la cabecera municipal de Xilitla a las 10 de la mañana, en el auditorio Luis Donaldo Colosio, contará con la participación de representantes de la Coalición Global de Pueblos frente al Extractivismo, colectivo mundial que lucha por la regulación financiera para evitar que los bancos financien proyectos que degraden el medio ambiente y los sistemas de vida de los pueblos, así como de las contralorías autónomas del agua de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, y de comunidades indígenas náhuatl y tének de la región.
