Convocarán a nueva asamblea de remoción en San Juan de Guadalupe

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Estela Ambriz Delgado

Comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito informaron que han solicitado apoyo a las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria y de otras dependencias federales, por lo que nuevamente se convocará a la asamblea de remoción, con mayor seguridad pública y con una orden judicial, para que se determine que la votación se lleve de forma libre y secreta.

Asimismo, denunciaron el amedrentamiento, chantaje y sobornos por parte de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, ante la posibilidad de que se lleve a cabo la remoción y se elijan a nuevos representantes.

En rueda de prensa este martes 17 de octubre, las comuneras María Amalia Pérez Campos, Helena Pérez Moreno, así como Noé de la Rosa Bravo y el activista Carlos Covarrubias Rendón, informaron del ambiente de hostilidad que se vive en la comunidad desde el saboteo de la asamblea de remoción convocada por la Procuraduría Agraria para el pasado domingo 15 de octubre.

Covarrubias Rendón refirió que, para impedir la asamblea, los representantes y personas afines a estos y a los intereses de los grupos inmobiliarios, amenazaron al personal de la Procuraduría Agraria y pretendían presionarlos para que el voto fuera abierto, con el objetivo de amedrentar a las y los asistentes, por lo que finalmente los visitadores determinaron que no había las condiciones para la asamblea.

Covarrubias Rendón indicó que los comuneros han informado a las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria y de otras dependencias de la situación que impidió que se llevara a cabo la asamblea de remoción, y les aseguraron que la misma se realizará con más seguridad pública.

“Nos han dicho que se va a volver a llevar a cabo el acto, pero que se va a cuidar en este caso que haya una mejor seguridad, que haya mucho más respaldo y que sea una orden judicial la que ordene que la votación de la remoción se lleve de forma libre y secreta”.

Además, el activista puntualizó que también han pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revise la procedencia de los recursos con los que se soborna a los comuneros para que actúen a favor de los intereses de los empresarios de Espacios en el Horizonte, que pretenden llevar a cabo el proyecto Las Cañadas en el Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito.

La comunera María Amalia Pérez Campos dijo que nuevamente hubo agresiones por parte de los integrantes de los órganos de representación, ya que “se sienten dueños y señores de la tierra” que pertenece a todos los comuneros legítimos.

“Nuevamente se ven y se sintieron las agresiones del comisariado (…). Nos gritaron, una persona me quiso agredir directamente, entonces hubo mucha desesperación por parte de ellos, pero más que nada la agresión y que creen que ellos, al gritar, hacen valer su decisión y no. Nuevamente les demostramos que nosotros somos dueños y señores de nuestras propias tierras y que vamos a seguir adelante y vamos a terminar con esta situación que se está manejando dentro de la comunidad”.

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