Adriana Ochoa
El escrutinio público siempre sienta mal a las prácticas cuestionables en la industria minera. La falta de transparencia puede valer tanto para algunos como el propio recurso que buscan extraer y en nuestro país, el ocultamiento de datos ha sido una conducta contumaz a los ojos del mundo: México ha sido suspendido en dos ocasiones del estándar global que busca fomentar la confianza y mejorar la gestión de los recursos naturales.
Casos como el del ejido Corcovada, en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, dan la razón a las suspensiones de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), por la “insuficiencia significativa” en la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas. Es decir, a la población de las áreas explotadas se le ocultan datos y se le engaña de manera reiterada por motivos que van desde la propiedad de la tierra al impacto ambiental de los proyectos.
El serial de ambigüedades en la localidad inició hace dos años, cuando una empresa llamada Servicios Drilling, solicitó permiso a la asamblea ejidal para perforar 43 puntos a cambio de 400 mil pesos para el ejido y la perforación de un pozo para abastecerlos de agua potable. El pozo, a pesar de varios anuncios, no llegó.
El clima se enrareció con la insistente oferta de compra de tierras. Para algunos, el acoso sonó a amenaza. Las barrenaciones ubicadas en el ejido tienen las características de marcas de exploración minera. La conflictuada Servicios Drilling desapareció y llegó CEMAT Construction S.A. de C.V., constituida apenas el 12 de septiembre de 2024 por Cemento Atlas, S.A. de C.V. y Alejandro Espinosa Ollivier, abogado en Grupo Salinas.
Los representantes dijeron inicialmente que su intención era extraer y quebrar piedra para construcción. Luego, hablaron de instalar una planta cementera, con promesas de empleo y desarrollo para la comunidad. Los lugareños enviaron unas muestras residuales de las perforaciones realizadas por Servicios Drilling y el resultado no les cuadró con el proyecto cementero.
La comunidad sospecha también de la extensión que la empresa pretende comprar, con avalúo privado: 500 hectáreas en dos polígonos. El tamaño promedio de terreno ocupado por plantas cementeras en México puede variar según la escala de operaciones y las instalaciones asociadas. Un ejemplo del rango típico puede ser la planta cementera Moctezuma en el municipio de Cerritos, en 58 hectáreas para las instalaciones de producción, las áreas técnicas y los edificios de oficinas. La cantera de piedra caliza asociada se encuentra en las cercanías, y la planta también cuenta con un plan de reforestación de 220 hectáreas, lo que indica una considerable huella de tierra total.
La cementera de la que hablan los representantes de CEMAT Construction podría tratarse de una instalación a gran escala, si es que es ese el proyecto real, el problema para acreditarlo son las formas de gestionar el espacio, el trato de engaños en secuencia a los residentes y dueños de la tierra, así como el ocultamiento de datos y propósitos.
La llegada de empresas con intereses aparentemente extractivistas se ha caracterizado por un secretismo que nunca es casual. La falta de escrutinio público que genera la opacidad permite maniobrar, presionar y dividir a la comunidad para reducir sus costos en demérito de los propietarios de la tierra, esconder los verdaderos objetivos y los posibles impactos. En Corcovada la minería comenzó con la extracción de la verdad y la confianza.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se creó en junio de 2003 en Londres, una iniciativa global para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo, mediante estándares de divulgación pública y la verificación de información clave sobre las licencias, los contratos, la producción, la recaudación de ingresos y su distribución.
Con un índice de países inscritos, la EITI busca fomentar la confianza, mejorar la gestión de los recursos naturales y contribuir al desarrollo sostenible en lugares con recursos petroleros, gasíferos y mineros. La industria extractiva enfrenta a nivel mundial un problema de credibilidad y rechazo precisamente por su historial de casos en los que las empresas van sólo por el brillo de las ganancias, porque se comportan de manera opaca de principio a fin para no asumir las consecuencias.
México se integró en octubre de 2017 y avanzó en materia petrolera, con reformas, medidas de sustentabilidad y responsabilidades asumidas. Es la minería la actividad que más se resiste a la transparencia y la participación de las comunidades involucradas en sus proyectos. Por eso la EITI suspendió al país en junio de 2022.
En febrero de 2023, México fue temporalmente suspendido nuevamente por no cumplir con la fecha límite para la presentación del informe correspondiente. Su industria minera no puede ir más allá… del brillo de las ganancias.
La iniciativa internacional exige una transparencia que abarque la totalidad de los impactos de la actividad extractiva. En Corcovada, la incertidumbre sobre la posible extracción de metales, y no calizas para cemento, genera preocupación por las consecuencias ambientales. El proyecto se ha ganado con su opacidad la sospecha de un negocio extractivo con un alto costo el ambiental y social para las generaciones futuras.
La empresa puede continuar soportando su proyecto sobre la brecha entre la promesa de transparencia y la realidad en el terreno, pero esta desconexión hará más complejas y profundas las suspicacias y la inconformidad. Si la opacidad, presión y desprotección rompen el saco, no habrá nivel de autoridad que escape al enojo y al reclamo.
Sin intermediarios, sin cuentos de la lechera, sin amenazas, los habitantes de Corcovada tienen razón en reclamar acciones concretas de los distintos niveles y un compromiso real de las autoridades para garantizar la participación social y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera.
De lo contrario, la opacidad seguirá perpetuando la mancha que hoy tiene a México desacreditado por una minería que sólo busca beneficios económicos.
ROLLOS SUELTOS
EL POPOTE, DE NUEVO. Como Trump siga presionando por la deuda de agua, la idea de extraerla de ríos huastecos va a dejar de ser algo distante y disparatado.
SON DOS. Antes era solo Nuevo León el de la idea de llevar agua de la Huasteca al norte, ahora es también Tamaulipas, éste gobernado por Morena.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
