Por Victoriano Martínez
Más de tres de cada cuatro habitantes del Estado han tenido alguna experiencia y/o perciben que hay corrupción en trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de gobierno.
El dato resulta alarmante, por mucho que esté 4.4 puntos porcentuales debajo de la media nacional, porque, además, la autoridad estatal exhibió una reacción preocupante por la ligereza con que tomó la información y la actitud evasiva de su responsabilidad ante ese panorama.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no evalúa la administración por parte de las autoridades estatales y municipales, sino actos de corrupción de cara a la ciudadanía y lo que ésta percibe en cuanto a ese tema.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona responsabilizó a los ayuntamientos de un presunto aumento en la percepción de corrupción cuando, en primer lugar, la percepción es general sobre los tres niveles de gobierno y, en segundo lugar, la percepción no aumentó, sino que disminuyó.
Responsabilizar a los ayuntamientos exhibe la urgencia por evadir cualquier grado de responsabilidad en la percepción que tan alto porcentaje de la población tiene sobre la prevalencia de la corrupción en el Estado.
Expresar posturas como si se hubiera incrementado la percepción de la corrupción exhibe la irresponsabilidad de actuar sin conocimiento y una actitud reactiva con lo que se le ocurra, además de la poca importancia que le da a informarse y entender los temas antes de tomar decisiones sobre ellos. Un gobernador ocurrente, pues.
“Vamos a apretar en el tema de todos los municipios que tuvieron las observaciones y todos los municipios que prácticamente salieron súper observados, donde hay desfalcos de dinero, hay agarradera desde el cajón y a eso obedece precisamente hoy que el INEGI les haga un señalamiento a los municipios”, aseguró.
Antes que analizar los resultados de la encuesta para buscar orientar sus acciones de gobierno, Gallardo Cardona opta por buscar chivos expiatorios, se lanza contra el eslabón más débil de los niveles gubernamentales y, para colmo, busca erigirse casi como modelo y guía para corregir a los irresponsables.
Una omisión que no le permitió ver no sólo que no se incrementó la percepción de corrupción, sino que hay indicios de que en ese nivel de corrupción que se percibe pudiera tener mayor responsabilidad su gobierno que los ayuntamientos.
En el apartado de la encuesta sobre el Nivel de percepción de confianza en instituciones o actores de la sociedad resulta significativo que mientras para los ayuntamientos aumentó de 53.73 a 54.96 el nivel de confianza, para el gobierno del Estado su confiabilidad se redujo de 56.24 a 53.83.
¿Por qué los ayuntamientos, que ahora se perciben más confiables que hace dos años, serían los responsables del grado de percepción de corrupción en el Estado?
¿Cuáles serían las razones por las que la población tiene menos confianza en el gobierno estatal que hace dos años? Las puede haber que no tengan relación con actos de corrupción, pero sean cuales sean, pérdida de confianza es pérdida de confianza, y ahí la responsabilidad es muy particular sin posibilidad de chivos expiatorios.
La confianza en los ayuntamientos creció en un 2.29 por ciento, en tanto que la desconfianza en el gobierno estatal aumentó en un 4.29 por ciento.
La ligereza con que el gobierno tomó la información y la actitud evasiva de su responsabilidad ante la percepción ciudadana de corrupción resulta que tiene como efecto adicional que trata de ocultar que en sus primeros dos años del sexenio se volvió menos confiable.
