Por Victoriano Martínez
Si algo han exhibido los 27 diputados en las últimas semanas es la confirmación de que sólo buscaron el cargo para beneficiarse a sí mismos y sus obligaciones como representantes populares y como servidores públicos es lo que menos les interesa… es más, hasta les estorban porque tienen que simular que las cumplen.
El pasado lunes sesionaron, muchos de ellos ofendidos por haber sido citados, y el gran debate que tuvieron fue sobre la forma de sesionar desde casa, mal interpretar o fingir no entender que el acuerdo federal de emergencia por el Covid-19 ubica la actividad legislativa como esencial y que no debe suspenderse, para anteponer sus temores y abandonar sus responsabilidades.
Mientras debaten para decidir la mejor forma de fingir que trabajan desde sus casas porque quieren super protegerse del coronavirus, los 27 diputados evaden responsabilidades para con las comunidades indígenas, que constituyen –por disposición constitucional– uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención.
Lejos de acciones positivas en favor de los indígenas, los diputados emprenden acciones negativas, muy negativas, con las que incurren en violaciones a derechos humanos de las comunidades indígenas del estado en conjunto, pero también de un grupo de 20 personas del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Consulta Indígena y de su secretaria técnica.
A las comunidades indígenas les suspendieron el proceso consultivo sin ningún aviso ni la más mínima atención. A los integrantes del GTO, en su mayoría indígenas, los dejaron sin sueldo y los hicieron cargar con el costo de la movilización para los preparativos de la Consulta.
Ellos (los muy vulnerables 27 diputados) se sobreprotegen, mientras dejan a 21 familias, en su mayoría indígenas, en estado de indefensión ante la pandemia.
Ellos (los muy vulnerables 27 diputados) podrán sentirse a salvo del coronavirus, pero lo que le pueda ocurrir a 21 familias por no contar con recursos en medio de la pandemia será su entera responsabilidad.
Y será responsabilidad de los 27 porque, como cuerpo colegiado, ninguno de ellos ha movido un dedo para que la situación de quien ya entregó su trabajo con tal nivel de compromiso, que resulta ejemplar para el poco compromiso que ellos tienen con la función que desempeñan, sea resuelta.
Sí, hay responsables directos: el diputado Martín Juárez, presidente de la Directiva; la diputada Rosa Zúñiga, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; el diputado Rolando Hervert Lara, presidente de la Junta de Coordinación Política, y hasta el diputado Oscar Vera Fabregat, a quien señalan como uno de quienes obstaculizan el pago como integrante de la Comisión y de la Junta.
El silencio de los otros 23 diputados los vuelve cómplices de esas violaciones a derechos humanos que, desde el pasado 31 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya dio acuse de tener conocimiento para abrir un expediente de queja.
En el colmo de la simulación y en ese afán de aparentar responsabilidad y que les interesa el trabajo, la diputada Paola Arreola subió a tribuna en la sesión del lunes con una pila de expedientes para decir que deben dictaminar la reforma electoral porque ya recibió los informes para hacerlo.
De acuerdo con la fracción IV del artículo 9º de la Ley de Consulta Indígena, en ese altero de expedientes tendrían que estar los resultados del proceso consultivo suspendido unilateralmente. El Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Juan Manuel Carreras y el Plan de Desarrollo Municipal del alcalde Xavier Nava Palacios perdieron amparos por omisiones de ese tipo.
Violar derechos humanos, modificar el proceso legislativo y perfilarse a incumplir acciones positivas a favor de las comunidades indígenas, son sólo tres ejemplos de lo que son capaces de hacer los 27 diputados con tal de anteponer su interés particular a sus responsabilidades públicas.
Si capitanearan un barco, no cabe duda de que los 27 diputados serían los primeros en abandonarlo para salvar su pellejo, así tuvieran que sacrificar a la tripulación y a los pasajeros.
