Por Leonel Serrato Sánchez
El día 1 de septiembre pasado inició el proceso electoral federal y local en el que se enmarcará la votación del año 2018, se renovarán en todo el país más de 3000 cargos públicos –si, de ese tamaño es la infección parasitaria que flagela a México– de elección popular.
Desde el colosal fraude de 1988 en el que Carlos Salinas de Gortari usurpó la Presidencia de la República en desdoro del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pasando por la infamia similar en la que Felipe el Inolvidable Asesino Calderón robó literalmente el triunfo a Andrés Manuel López Obrador en 2006, y llegando a los desaseados comicios en Coahuila y estado de México de este año, han tenido lugar reformas electorales cada año, unas más profundas, otras meramente cosméticas, todas ineficaces.
La reforma de 2014 por la que a contentillo de los partidos políticos se adulteró el sistema federal que nos rige, ahora mismo cobra sus primeras víctimas y expone problemáticas terribles, hoy le comentaré una sola, pero que nos indica la dimensión y peligrosidad de la crisis electoral que viene.
Cuando en San Luis Potosí, en 1992, se legisló la primera puesta en manos de los ciudadanos de los organismos electorales, como resultado de la épica participación del navismo tras el fraude electoral en el que resultaron efímeros gobernadores Fausto Zapata Loredo y Gonzalo Martínez Corbalá, la idea navista era que fueran ciudadanos sin intereses partidistas los que organizaran las elecciones, contaran los votos y calificaran los resultados.
Cómo olvidar a nuestro Consejo Estatal Electoral ciudadano, presidido a partir de noviembre de 1992 por don Luis García Julián, de grata memoria, sucedido por otros dos gigantes cívicos, Gonzalo Benavente González y don Juan Dibildox Martínez; después inició a pudrirse lenta, inexorable e irreversiblemente.
Casi de inmediato se adoptó el modelo navista a nivel federal, y así nació en 1996 el Instituto Federal Electoral, del que cabe decir que tuvo una primera expresión casi idílica con la integración como máximas autoridades en la materia de personas con una impecable trayectoria y una historia personal ejemplar, figuras relevantes e históricas –Santiago Creel Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz– le dieron una esperanza fundada a toda la ciudadanía de tener a partir de entonces elecciones limpias, incuestionables y justas.
Pero las cosas se pudrieron rápido, incluso más rápido que en San Luis Potosí, un personero del sistema lo usurpó tras Woldenberg y de ahí, a bocabajear sin medida ni decoro.
En la inspiración navista no eran necesarios los tribunales electorales, porque siendo la autoridad electoral absolutamente digna de fe y sus decisiones enteramente cívicas, tal medida se hacía innecesaria; pero el diseño federal inventó la necesidad de jueces especializados y con ello la necesaria judicialización de todos los procesos electorales.
Los tales tribunales electorales han estado integrados por ujieres del régimen autoritario que ha gobernado a México en el último siglo, uno que otro garbanzo de a libra confirma la regla.
En San Luis Potosí no podría ser de otro modo, puesto que con excepciones igual de raras, el tribunal electoral siempre había estado integrado por expertos en vivir pegados a la ubre gubernamental, lacayos prácticamente todos del poder que los colocó ahí, y teniendo el común denominador de ser sectarios, partidistas o francamente corruptos, hasta que merced la reforma antifederal de 2014 el Senado –con sus propios mecanismos de pesos y contrapesos, cochupos e intereses buenos y malos– designó para el tribunal de San Luis Potosí a un magistrado a todas luces atípico, el licenciado Óskar Kalixto Sánchez.
Kalixto no sólo se había ya ganado un sitio en la historia de San Luis Potosí cuando logró con sus impecables demandas la anulación en tres ocasiones consecutivas de los nombramientos para el Consejo Estatal Electoral, obviamente por fallas inadmisibles en el proceso seguido por una anterior generación de la Asamblea de Vagos.
Óskar Kalixto doblegó por corto tiempo, a golpe de certeros mandobles jurídicos, el cacicazgo de incondicionales que invariablemente integraba a los organismos electorales, y cuando fue designado para el tribunal propios y extraños nos sorprendimos, quizás la reforma antifederal podría funcionar para limpiar de mugre a nuestros envilecidos procesos electorales.
Muy pronto nos dimos cuenta que, desde que llegó, el magistrado Kalixto estaba bajo asedio, ahora bajo fuego.
Primero fue el nombramiento como Presidente del Tribunal de un viejo zorro del sistema, Rigoberto Garza de Lira, que si bien no es un jurista brillante, tiene una inteligencia aguda y un colmillo tan largo y afilado que si agacha el mentón se hace haraquiri solito.
Luego, una inopinada “rebeldía” y fervoroso activismo de género de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, cercana y recomendada de la senadora panista Sonia Mendoza Díaz; Pedroza Reyes ha clamado en todos los tonos y sitios posibles que al no ser elegida Presidenta del Tribunal –por algunas cuestiones administrativas poco claras en las que se vio envuelta y su baja productividad judicial, dicen sus pares– fue objeto de violencia de género en el desempeño de sus labores como jueza electoral.
Yolanda Pedroza se dijo hostigada y violentada por su compañero presidente, el magistrado Rigoberto Garza de Lira, denunció haber sido perseguida y obstaculizada por ser mujer, minimizada y humillada, lo que desde luego detonó alarmas y encendió focos rojos en todos los niveles.
Como podrá Usted imaginar, la aún magistrada –termina en breve su encargo– tuvo que dejar de tener vida propia para dedicarse en cuerpo y alma a obtener del Estado una adecuada venganza en contra de los machos que la sobajaron, pero que según sus denuncias no sólo la agraviaron a ella, sino a todas las mujeres; y así llegamos al punto en el que el Procurador de Justicia, el maestro Federico Garza Herrera, solicitó que la Asamblea de Vagos desaforara, no sólo al agresor yolandista, Rigoberto Garza de Lira, sino también a su compañero Óskar Kalixto Sánchez, siendo los dos varones, lo obvio que dedujo el Ministerio Público es que ambos se habían coludido para exterminar a la quejosa.
¿A quién se le ocurrió dispararle en la nuca a los magistrados electorales el día en que inició el proceso electoral 2018?
¿Quién, y para qué, metió en ese berenjenal a don Federico Garza Herrera, justo cuando se acerca la decisión del nombramiento de Fiscal General?
Temario
Se lo dije, inició el proceso electoral y con ello la más intensa, atascada y furiosa guerra de lodo de la que tengamos memoria. Iré haciendo una recopilación y reseña, por favor no pierda de vista el culebrón que, a partir de este mes, no tiene días ni horas inhábiles.
Leonel Serrato Sánchez
unpuebloquieto@gmail.com
