María Ruiz
En los últimos días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha sido escenario de plantones y un cierre simbólico por parte de víctimas, el cual ya fue retirado. Estas acciones buscan visibilizar la crisis de confianza en la actual administración de la CEDH.
Catalina Torres Cuevas, activista y defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, quien fue integrante del Consejo Ciudadano de la CEDH durante dos años, ha sido una de las voces más críticas hacia la actual presidenta de la Comisión, Giovanna Argüelles Moreno.
Torres Cuevas sostiene que las quejas de las víctimas reflejan la falta de compromiso de Argüelles Moreno con la defensa de los derechos humanos, además de que su elección como presidenta de la CEDH estuvo marcada por la controversia.
Según Torres Cuevas, el proceso fue desaseado desde el inicio. La votación en el Congreso del Estado se resolvió en la ronda 24, después de múltiples empates y desacuerdos entre los legisladores. A pesar de contar con menos experiencia y currículum que otras candidatas, Argüelles Moreno fue elegida, lo que suscitó sospechas sobre posibles influencias externas en la decisión.
Catalina Torres Cuevas señaló a Argüelles Moreno de convertir la CEDH en una institución ineficaz y cómplice de las violaciones de derechos humanos, además de su pasividad como presidenta ante las denuncias de las víctimas y su reticencia a actuar contra los funcionarios responsables.
Un futuro incierto
Según Catalina, la situación en la CEDH plantea serias dudas sobre el futuro de la defensa de los derechos humanos en el estado. La desconfianza en la administración actual y las acusaciones de que la comisión se ha convertido en una “defensoría de sí misma” sugieren una crisis institucional profunda.
Para activistas como Torres Cuevas, el verdadero desafío radica en evitar que el puesto de ombudsperson siga siendo una moneda de cambio, asegurando que la CEDH vuelva a su misión original de proteger los derechos de la ciudadanía.
Catalina Torres Cuevas concluyó con una advertencia contundente: “Giovanna ha hecho mucho daño a la CEDH, a las víctimas y a la sociedad potosina. Lo peor sería que el puesto de ombudsperson siga siendo moneda de cambio para la venta de los derechos humanos”.
