Ciudad de México (20 de octubre de 2016).- El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, es hoy un prófugo de la justicia después de que un juez ordenara su captura por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hace justo una semana Duarte pidió licencia del cargo de gobernador 48 días antes del fin de su mandato (2010-2016) para -dijo- dar la cara, hacer frente a las acusaciones de corrupción en su contra y limpiar su nombre.
Pero desde el fin de semana se desconoce el paradero del político, al que el PRI suspendió sus derechos partidarios en septiembre, unos días después de que la Fiscalía general tomara en sus manos una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de deber.
La Procuraduría General de la República (PGR), que asumió el caso en septiembre, informó el martes de la detención de dos mujeres presuntamente relacionadas con “empresas fantasmas” ligadas con lavado de dinero y que obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte.
Los pasos para el desafuero.
- La solicitud de desafuero se presenta ante la Cámara de Diputados.
- La Sección Instructora de esa instancia analiza lo pertinente sobre la existencia del delito imputado al servidor.
- La Sección Instructora notificará al denunciado para que conteste la denuncia en siete días naturales.
- Terminado el periodo probatorio, la Sección Instructora ordenará la apertura del periodo de alegatos. Posteriormente, la Sección Instructora emitirá su dictamen en un plazo de 60 días hábiles y será entregado a la Cámara de Diputados.
- La Cámara de Diputados se erigirá en Jurado de Procedencia. Acusado y denunciante podrán exponer alegatos.
- Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora.
- Por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, emitirá la Cámara su resolución definitiva.
- Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su cargo y será puesto a disposición de los tribunales competentes.
- El fallo es inatacable (contra él no procede recurso alguno ni medio de defensa legal, incluyendo el amparo).
Además, la Auditoría Superior de la Federación reportó que en el periodo 2011-2013 hay 35.421 millones de pesos (1.876 millones de dólares) pendientes de justificar en Veracruz, un estado que al día de hoy tiene una deuda pública de 52.000 millones de pesos (2.754 millones de dólares).
Fuente: Excélsior.