Por Victoriano Martínez
El mayor logro de la LXI Legislatura, que está por terminar, fue afianzar en el imaginario colectivo el concepto de que diputado es sinónimo de corrupto.
Lo hicieron a pulso.
A golpe de actos tan descarados como la operación para la frustrada venta de sus voluntades para aprobar el caso Panavi, que endeudaría al Ayuntamiento con más de mil 500 millones de pesos.
Exhibiciones tan descriptivas como la de la ecuación corrupta, que aún opera para limpiar cuentas públicas municipales.
El cinismo de fingir la entrega de apoyos sociales y justificarlos con facturas emitidas por empresas fantasma, al grado de hasta presentar una carta de agradecimiento de una persona ya fallecida.
Incluso con la confesión por decreto de que con la partida de gestoría institucional violaban la Constitución y por ello modificaron en su ley orgánica los artículos 119 para desaparecer el Comité de Gestoría y el 121 para darle otro nombre y otras facultades.
“La Ley Orgánica del propio Congreso deberá constreñirse a regular lo que previamente establece el Pacto Político Local (la Constitución)”, así quedó registrada su confesa violación constitucional en la exposición de motivos de esas reformas.
Tal vez por eso no podían despedirse más que con una violación constitucional más.
Este viernes ya programaron la violación al primer párrafo del artículo 53 de la Constitución, que ellos mismos reformaron y cuya modificación se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017.
Alguien tendrá que explicarles que no es lo mismo el “inicio y revisión de las cuentas públicas” con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado como establece el segundo párrafo, que el “análisis y, en su caso, aprobación del informe general e informes individuales” que le presente la ASE, como ordena el primer párrafo de ese mismo artículo.
Difícilmente se puede pensar que no saben leer. Han acreditado de muchas formas su actuar corrupto, que fingen una interpretación errónea para sus pervertidos y viciosos fines.
Aunque resultan tan burdos y tan avorazados en los últimos momentos que les quedan como diputados –sinónimo de corruptos–, que ahora también exhiben una negligencia extrema.
Fundamentan su dictamen aprobatorio de los informes de la ASE en una disposición inexistente y, por si fuera poco, exhiben su incapacidad para hacer una suma al presentar como resultado una cifra muy inferior a cuando menos dos de los sumandos involucrados en la operación.
Los montos de las solicitudes de aclaración de la ASE a los ayuntamientos de San Luis Potosí por 67 millones 706 mil 997 pesos y de Soledad de Graciano Sánchez por 14 millones 42 mil 511 pesos están muy por encima de los 7 millones 637 mil 358 pesos que los diputados presentan en el dictamen como la suma total de las aclaraciones requeridas a los 58 ayuntamientos.
Mayor indicador de que no les importaba cómo se hiciera el dictamen para aprobar ilegalmente los informes de la ASE, no podía haber.
Citar como base de su decreto aprobatorio de los informes el artículo 40 párrafo tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado cuando ese artículo sólo tiene un párrafo y no habla de la aprobación de los informes es mucho más que una pifia.
Seguramente la corregirán en la sesión del Pleno, pero su urgencia por aprobar ilegalmente los informes general e individuales que le presentó la ASE sobre las cuentas públicas 2017 por intenciones oscuras está más que acreditada.
