Por Victoriano Martínez
Que los diputados rechacen los informes que le presenta la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre las cuentas públicas de los 114 entes fiscalizables no es novedad. Lo novedoso sería que sirviera de algo, como por ejemplo, de que se castigara el mal uso de los recursos públicos y que se lograra restituir al erario lo saqueado.
No bastan posturas de afán populachero, con tintes de mala imitación, como las del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, quien acusó a la ASE de “limpiar” las cuentas públicas y afirmó tener “otros datos”. Si esa postura no se ve reflejada en los dictámenes que llevarán al pleno, cojean de la misma pata que su criticada ASE.
Tan opaco resulta el trabajo de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que la falta de transmisión en vivo de su sesión, además de confirmar un grave retroceso en materia de transparencia en el Poder Legislativo, les da la posibilidad de posturas efectistas que hacen dudar que su propia dictaminación se apega a la Ley de Fiscalización.
Habrá que esperar a que aparezcan los dictámenes en la Gaceta Parlamentaria para ver si la Comisión cumplió la Ley con los análisis específicos de los informes individuales y las sugerencias derivadas para cada uno (artículo 43) y el análisis pormenorizado del informe general que incluya las conclusiones técnicas y acompañe el apartado de las discusiones técnicas (artículo 45).
De no incluir esos apartados que con claridad señala la Ley de Fiscalización, la descalificación al trabajo de la ASE habla más de los diputados que de la ASE, y no porque ésta haya hecho un buen trabajo –que es muy evidente que no lo hizo–, sino por lo inútil de esas críticas huecas que no tendrán repercusión en encaminar la fiscalización a lograr efectos reales en la protección del erario.
De confirmar el rechazo a los informes de la ASE en el Pleno, no sería la primera vez que ocurriera.
A la sesión del Congreso del Estado del 29 de junio de 2017 llegaron los dictámenes sobre los informes de la ASE sobre las cuentas públicas de 2016 de los entonces 113 entes fiscalizados en sentido aprobatorio. La presión pública, incluso con manifestaciones en el propio recinto, provocó que se rechazaran uno a uno.
Aquellos informes eran producto del trabajo de una ASE encabezada por José de Jesús Martínez Loredo, quien operó con los diputados (Enrique Flores, Oscar Bautista, Manuel Barrera y José Guadalupe Torres a la cabeza) lo que se denominó ecuación corrupta para limpiar las cuentas públicas.
Una escandalosa confesión pública del mecanismo para limpiar las cuentas públicas, con José Guadalupe Torres, el actual secretario de gobierno, como principal responsable en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia en ese momento. Motivos para desconfiar de la ASE sobraban y eran públicos. Aun así, el rechazo a los informes debió justificarse, y no se hizo.
Fue hasta el 26 de septiembre de 2017 que se tomó un acuerdo para autorizar a la ASE la contratación de despachos contables externos para verificar el trabajo realizado bajo el esquema de la ecuación corrupta.
Hasta agosto de 2018 se volvieron a dictaminar los informes correspondientes a 2016… exactamente iguales que los rechazados, aunque a cada uno se le incorporó una carta de explicación por parte del despacho Costemalle-DFK, S.C., firmada por Carlos Granados Martín del Campo fechada el 15 de mayo de 2018.
Tres observaciones incluyó el despacho contable que cobró un millón 300 mil pesos por ese trabajo, las mismas para todos los casos. Fueron dictámenes elaborados con la técnica copy-paste, con tal descaro que dos municipios –Venado y Villa de Arista– aparecieron exactamente con las mismas observaciones.
La propia LXI Legislatura incurrió en otra aprobación de informes de la ASE fuera del marco legal en septiembre de 2018 con las relativas a las cuentas públicas de 2017. Uno de los primeros dictámenes de la LXII Legislatura fue dejar sin efecto aquella aprobación para, dos meses después, votar y aprobar ¡los mismos dictámenes!
Rocío Cervantes Salgado, titular de la ASE, explicó entonces que haber invalidado los informes no tiene ningún efecto legal, lo mismo que cuando fueron rechazados los de las cuentas públicas de 2016, y que será el mismo resultado del anunciado rechazo que hace la actual Comisión de Vigilancia… a menos que tengan un as bajo la manga. Ya se verá.
