Por Victoriano Martínez
Mientras Ricardo Gallardo Cardona se asume como gobernador electo, nombra futuros funcionarios, lejos de coordinarse con los alcaldes electos más parece buscar alinearlos con su proyecto y comienza reuniones previas para la entrega-recepción, la posibilidad de la anulación de la elección del 6 de junio reaparece en la agenda pública junto con la de otros tres estados.
La coalición Sí Por San Luis argumenta que Gallardo Cardona rebasó el tope de gastos de campaña, que hubo fallas en la custodia del material electoral que permitió la suplantación de actas de escrutinio y los actos de proselitismo por parte de más de 80 influencers en redes sociales, como las tres principales causas para la nulidad de la elección.
En su solicitud de juicio de nulidad, la coalición señala que Gallardo Cardona rebasó con más del 24 por ciento el tope fijado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), que fue de 29 millones 223 mil 864.70 pesos, lo que representa un gasto superior a los 36 millones de pesos.
De acuerdo con lo publicado por el INE en su página de Rendición de cuentas y resultados de fiscalización, Gallardo Cardona reportó oficialmente al cierre el 26 de junio gastos por 19 millones 221 mil 702.36 pesos, lo que significa que –según Sí por San Luis– le habría ocultado a la autoridad electoral gastos por más de 17 millones de pesos.
El caso es que, si con 36 millones pesos gastados rebasa el tope fijado por el CEEPAC, con más de 19 millones de pesos también rebasa otro límite: el establecido en la fracción II del artículo 41 de la Constitución que obliga a los partidos políticos a hacer prevalecer en sus gastos el uso de financiamiento público.
Con corte al lunes 7 de junio, Gallardo Cardona había reportado gastos al INE por 18 millones 740 mil 807.92, y Astrolabio Diario Digital hizo un ejercicio sobre la forma en que rebasó el tope constitucional que podía ejercer como candidato del PT y del PVEM. Al cierre de los reportes de gastos al INE, aquella cantidad aumentó a 19 millones 221 mil 702.36 pesos.
Si bien la Coalición hace referencia a tres presuntas causales de nulidad, lo atípico de los resultados de las elecciones del 6 de junio en algunas regiones del Estado –por ejemplo en los distritos de Soledad de Graciano Sánchez– abre la sospecha sobre otras probables maniobras realizadas para manipular los resultados.
El caso de 303 casillas de las 458 instaladas en Soledad de Graciano Sánchez en las que hubo uno o más funcionarios con militancia en el PVEM y la tendencia a que en ellas la votación a favor de Gallardo Cardona fue en promedio un 19.05 por ciento más alta que en el resto no sólo dan cuenta de esa irregularidad, sino de la necesidad de un mayor análisis del proceso por otras posibles fallas.
Gustavo Barrera López, ex secretario de Gobierno y como tal ex presidente del organismo electoral en su momento, aseguró que si se presentan adecuadamente los medios para comprobar las violaciones graves y sistémicas de integración de casillas, podría haber suficientes elementos para “tirar la elección”.
Tan relevante resulta ese caso en Soledad de Graciano Sánchez, que la ventaja de Gallardo Cardona sobre Octavio Pedroza Gaitán lograda ahí fue de 43 mil 904 votos de los 57 mil 883 que tuvo en todo el estado. La votación en ese municipio representa el 75.85 por ciento de la ventaja alcanzada a nivel estatal. Sin ese municipio, la ventaja de Gallardo Cardona se reduce a 1.15 por ciento
Si el operativo de colocar funcionarios de casilla se aplicó en todo el Estado –lo que tanto el INE como el CEEPAC cuentan con la información suficiente para verificarlo– sería posible establecer en qué grado esa circunstancia hizo variar el resultado de la elección y, una posibilidad, es que sin esa influencia el resultado habría sido muy diferente.
La sombra de la nulidad de la elección sigue presente en tanto no se declare la validez de la elección y uno de los momentos críticos será el día que la Comisión de Fiscalización del INE presente sus dictámenes al respecto al pleno del organismo, en el que tendrá que señalar si efectivamente rebasó los topes y el porcentaje que será determinante para anular la elección.
Ya después vendrán las valoraciones adicionales de los Tribunales Electorales que, a más tardar el 11 de septiembre, permitan concluir el proceso electoral con la declaración de validez de la elección. Un panorama que muestra que la elección aún no concluye y que contrasta con las acciones de Gallardo Cardona y su equipo que dan por sentada la declaración de validez.
Acciones de planeación y hasta de previsión para la entrega recepción podrían entenderse como parte de la inercia de poseer una constancia de mayoría.
No obstante, que se reúna con alcaldes electos, cuyas elecciones tampoco han sido declaradas válidas, y que éstos lleguen al extremo de alinearse con él al grado de que tres anuncien abandonar el partido que les dio el triunfo para afiliarse al PVEM es ya un exceso, que nuevamente refleja la precocidad con la que se ha conducido la gallardía.
Un exceso con tintes graves si se toma en cuenta la postura de Eugenio Govea Arcos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, el partido que abandonan esos alcaldes, quien afirma que “se están entregando a cambio, yo quiero suponer, de chantajes, amenazas y de protección, porque no encuentro otra explicación”.
Más allá de que Govea Arcos exprese que esos alcaldes “no tienen madre, no tienen nombre, sobre todo porque es un fraude, no a la Ley, a la confianza de miles que votaron por nuestros candidatos”, si del CEEPAC recibieron constancia de mayoría por Movimiento Ciudadano, ¿ahora los tendrá que declarar válidamente electos por el PVEM? Minucias de la precocidad.
Las ruedas de prensa de la Coalición Sí Por San Luis de los últimos dos días vuelven a colocar en el ambiente electoral las sospechas de una elección fraudulenta con posibilidades de ser anulada, en tanto la gallardía, sus aliados y quienes por alguna razón se alinean con ellos actúa como si no existieran juicios en curso para proyectar un ambiente de una elección ya definida.
Dos posturas visibles –seguramente habrá todo tipo de presiones en la opacidad– de los esfuerzos de ambas partes para influir en el ánimo de los integrantes de los Tribunales Electorales, que son los que en esta etapa del proceso tienen la última palabra.
