Por Victoriano Martínez
El nivel de percepción de la inseguridad en el Estado se mantiene elevado (el 74.4 por ciento) y entre los lugares en los que se tiene esa sensación resulta alarmante para el caso de los alrededores de los hogares, donde prácticamente cuatro de cada diez habitantes se sienten inseguros.
Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, aunque en algunos rubros podrían identificarse disminuciones marginales en los índices, en general el panorama no resulta alentador, especialmente si un organismo oficial como el INEGI revela información estadística que impacta.
No es gratuito que los habitantes del Estado sientan temor en los alrededores de sus viviendas, si la población que dice tener conocimiento de robos y asaltos en su entorno aumentó de un 43.8 a un 45.2 por ciento de 2023 a 2024, además de que el costo provocado por la delincuencia aumentó en un 27.75 por ciento en los primeros dos años de este sexenio.
El INEGI clasifica el costo de la inseguridad en tres rubros: (1) Pérdidas a consecuencia del delito, (2) Gasto en medidas de protección contra la delincuencia y (3) Gastos a consecuencia de daños en la salud.
Al cierre del sexenio pasado, en el 2021, las pérdidas a consecuencia de los delitos en el Estado ascendieron a mil 984 millones 687 mil 440 pesos, para el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se dispararon a 3 mil 538 millones 706 mil 30 pesos, un incremento del 78.3 por ciento.
Aunque para el 2023 esas pérdidas descendieron a 2 mil 943 millones 616 mil 338 pesos, aún están muy por encima de lo perdido en 2022, ya que representa un 48.32 de lo perdido durante el último año del sexenio de Juan Manuel Carreras López.
Una circunstancia que se da a pesar de que, quien tiene posibilidad de invertir en su propia seguridad no ha dejado de aumentar ese gasto: en 2021 gastaron 2 mil 383 millones 916 mil 902 pesos, para 2022 lo aumentaron a 2 mil 398 millones 664 mil 535 pesos y el año pasado gastaron 2 mil 591 millones 253 mil 540 pesos.
En cuanto a los gasto por daños en la salud, de 2021 a 2022 aumentaron de 94 millones 323 mil 220 pesos a 501 millones 394 mil 718 pesos (431.5 por ciento), en tanto que para 2023 ese gasto fue de 166 millones 722 mil 780 pesos que representan un aumento del 76.76 por ciento con relación al 2021.
Durante 2023, los habitantes del Estado perdieron ante la delincuencia 2 mil 943 millones 616 mil 338 pesos, gastaron en tratar de protegerse 2 mil 591 millones 253 mil 540 pesos y para atender las consecuencias en su salud gastaron 166 millones 722 mil 780 pesos.
El costo total de la delincuencia ese año fue de 5 mil 701 millones 592 mil 658 pesos. Una cifra 27.75 por ciento mayor a la que se registró en 2021.
Así, mientras para los potosinos el costo por padecer a una delincuencia sin control fue el año pasado de 5 mil 701 millones 592 mil 658 pesos de manera directa a sus bolsillos, por la vía de los impuestos que pagó, el gobierno estatal sólo le destino a acciones de control de la delincuencia (Paz y seguridad) 3 mil 90 millones 866 mil 787 pesos.
Para este año, el gobierno estatal aumentó el presupuesto en el apartado de “paz y seguridad” a 3 mil 111 millones 658 mil 60 pesos, apenas 20 millones 791 mil 273 pesos más que el año pasado.
Si se toma en cuenta que ese presupuesto se ejerce en completa opacidad, con compra de automóviles de lujo como patrullas cuyos costos se ocultan y su utilidad queda en duda, no sorprenderá que en la próxima ENVIPE los costos para los potosinos por la delincuencia calculados por el INEGI se mantengan al alza.
