Por Victoriano Martínez
Pasó el Cuarto Informe de Gobierno y dejó tres documentos cargados de datos que poco aportan para que la ciudadanía tenga acceso a lo que la Constitución Política del Estado le ordena al gobernador presentar cada año: un informe “que manifieste el estado que guarda la administración pública”.
Tres documentos que en conjunto acumulan mil dos páginas: Una síntesis de 73 páginas; un informe programático de 665 páginas, y un informe cualitativo de 264 páginas.
Mil dos páginas en las que aparecen 350 fotografías, de las cuales en 143 el gobernador Juan Manuel Carreras López es el protagonista.
¿Qué tanto puede aportar para dar a conocer el estado que guarda la administración pública el hecho de presentar en más de 4 de cada 10 fotografías al gobernador Carreras López?
Eso no es informe, es una descarada promoción personalizada que aprovecha la oportunidad de que se puede violar por ley el párrafo octavo de los artículos 134 de la Constitución Federal y 135 de la Constitución potosina, y de paso incumplir la fracción V del artículo 80 de ésta última.
Pero no sólo se trata de la violación legal a la Constitución, sino también de la manipulación de datos para que la imagen que se proyecte sea de logros y avances, al grado de justificar un eslogan con el que se pretende hacer parte de su auto engaño a toda la población: ¡Unidos avanzamos!
Para muestra un botón.
En las páginas 175 y 177 del informe cualitativo se hace referencia a que se logró la reducción de la incidencia delictiva en cuatro de los siete delitos considerados de alto impacto, a pesar de que el año ha sido complicado en materia de seguridad para el país y para el Estado.
“Derivado de los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno San Luis Potosí se mantiene por debajo de la media nacional, así también respecto a los siete delitos considerados de alto impacto, en el que destaca la disminución del homicidio doloso en un 14.7 por ciento en lo que va de 2019 respecto a 2018”, presume en la página 177.
En efecto, de acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de agosto, en los primeros ocho meses de este año se han registrado 565 homicidios, de los cuales 284 fueron dolosos. En el mismo periodo del año pasado se reportaron 590 homicidios, de los cuales 330 fueron dolosos.
La variación en la incidencia de este delito depende de su clasificación. Si se calcula sobre el total, la incidencia se redujo apenas en un 4.23 por ciento, lo que no garantiza que el año cierre peor que el anterior.
Si se calcula sobre los homicidios culposos, éstos se han incrementado en un 8.08 por ciento. Y si se calcula sobre los homicidios dolosos, la reducción es del 13.93 por ciento, no del 14.7 por ciento que señala el informe.
No hay error en el cálculo presentado en el informe de Carreras López, porque el cálculo se hizo con corte al 31 de julio. Que un mes después ese porcentaje se haya reducido el 0.75 por ciento puede ser el inicio de una tendencia que desmienta el dato presuntuoso para el “informe”.
El caso es que de los tres porcentajes relacionados con la incidencia de homicidios, para presentar en el informe se selecciona el que da la impresión de un logro mayor. El informe no miente, simplemente omite los datos que le conviene y, en consecuencia, se vuelve una verdad a medias que se convierte en una mentira completa.
¿Cuántos más datos de los presentados en esas mil dos páginas simplemente omiten lo que les parece inconveniente para la proyección de grandes avances que quieren hacer creer a la población que han logrado?
A la luz de la orden constitucional, lo que el informe muestra es que el estado que guarda la administración pública es patético: la encabezan personajes ególatras cuyas maniobras de simulación quedan muy bien retratadas en mil dos páginas.
