Angélica Campillo
Es una cuestión de cultura el que algunos sujetos obligados en materia de transparencia incumplan con publicar los datos que por ley les corresponde, manifestó la titular de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) en San Luis Potosí, Paulina Sánchez Pérez del Pozo.
En rueda de prensa, la comisionada refirió que cada año la CEGAIP lleva a cabo la verificación de cumplimiento por parte de los entes obligados a transparentar su información, y actualmente van en la primera etapa, con un porcentaje de 20 por ciento de las dependencias revisadas.
Sostuvo que tienen cerca de 40 o 50 sujetos obligados ya verificados en una primera etapa, de un total de 222, y la mayoría salió en cero, no obstante van a pasar por una segunda verificación.
Señaló que el dato especifico sobre los partidos políticos en el estado, el año pasado, fueron alrededor de un 70 por ciento los que tuvieron índices aprobatorios, pero hay otros que no cumplen.
Apuntó que, respecto al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se hizo una inspección en relación a su módulo de información, en la que se determinó que no cumplía con los requerimientos mínimos y se inició una investigación que está en proceso, la cual probablemente recaiga en una medida de apremio.
Hizo énfasis en que, de los 58 municipios que hay en el estado, probablemente la mitad no cuentan con un buen nivel de cumplimiento en materia de transparencia y, aunque algunos no están en ceros, no tienen índices en ello. Además, invitó a las demarcaciones que no cuentan con un buen servicio de Internet a que se acerquen a la CEGAIP para brindarles apoyo técnico y que, desde ahí, suban su información a la plataforma.
Reconoció que la cuestión de presupuesto de cada municipio sí impacta, sin embargo, para la transparencia, el no contar con los recursos suficientes no es una excusa para generar las obligaciones y darle a la ciudadanía el derecho de acceso a la información.
Respecto al tiempo que tienen los sujetos obligados que no han cumplido con presentar su información, antes de ser acreedores a una multa, dijo que, de acuerdo a la ley, se inicia con el proceso de verificación y en una primera etapa se emite un resultado, si este es menor a 90 por ciento, se manda a una segunda verificación, donde se les dan 20 días para que subsanen los errores; luego se lleva a cabo otra verificación, y si vuelven a presentar índices reprobatorios, se realiza otra verificación donde se les dan cinco días para que subsanen; apunto que, luego de ello, se hace la última verificación, y si aparecen nuevamente con índices reprobatorios, se manda una medida de apremio.
Explicó que, una vez que se tiene la resolución, se pasa al área jurídica, que a su vez hace un estudio en relación a las faltas, su gravedad y reincidencia, y esta tendrá que pasar por un dictamen de estudio socioeconómico del servidor público, en relación a su sueldo, por lo que la multa a la que serían acreedores los entes obligados por no contar con esta información, que por ley se les solicita, va entre 12 mil y 126 mil 735 pesos.
Dijo desconocer si los servidores públicos prefieran pagar o no pagar las multas, aunque recordó que el año pasado la Auditoría Superior del Estado (ASE) ejecutó cerca de medio millón de pesos debido al incumplimiento de los sujetos obligados en materia de transparencia.
Aseveró, de igual forma, que el incrementar las penas a los sujetos obligados que no cumplen con la Ley de Transparencia no es la solución, aunque sí ayuda, pero la realidad es que se trata de una cultura y educación de transparencia.
Finalmente, indicó que la CEGAIP tiene una iniciativa propuesta ante la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado en relación a sancionar a los ex servidores públicos que incumplieron con transparentar información durante el tiempo que estuvieron en su cargo, debido a que en la actualidad hay sujetos obligados que ya no se desempeñan en la función pública y no los pueden obligar a que cumplan ni tampoco pueden ser objetos de alguna sanción.
