Estela Ambriz Delgado
Durante una reunión en la Procuraduría Agraria (PA), ejidatarios de La Pila y sus anexos cuestionaron al representante local que se haya avalado el convenio de ocupación previa en 30 hectáreas ejidales con la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), S.A. de C.V, sin revisar a fondo el mismo, por lo que se comprometió a examinar diversos términos de su legalidad.
Asimismo, la dependencia entregará a los ejidatarios un documento en el que se establece que dicho contrato no ha sido inscrito en el Registro Agrario Nacional (RAN) debido a órdenes de carácter judicial que lo impiden.
En la reunión estuvieron presentes el representante local de la PA, Álvaro Pineda Maldonado; el subdirector jurídico, César Ortega; tres visitadores agrarios, así como un grupo de 12 ejidatarios encabezados por María del Carmen Gómez Silva, quienes cuestionaron sobre la revisión y posterior firma del convenio, por encontrarse diversas situaciones irregulares en los pagos hechos a los ejidatarios.
También indicaron que, con documentos obtenidos por medio de la plataforma de transparencia, existe la certeza de que hay parcelas dentro del trazo de las 30 hectáreas, y acreditaron irregularidades en la distribución de los más de 39 millones de pesos que se supone se entregaron al ejido, pues un poco más de 8 millones fueron destinados con objetivos diferentes a la indemnización por un trámite de este tipo.
Además, mencionaron que probablemente se haya incurrido en la simulación de una asamblea con personas que aún no cuentan con los derechos como ejidatarios reconocidos.
De igual forma, con documentos referentes a un informe bancario, Gómez Silva mostró a los funcionarios fechas del ingreso del dinero, a quienes y que cantidades se distribuyeron.
De esto, remarcó las cantidades de 500 mil pesos, 300 mil, 150 mil, que fueron asignadas a personas que suponen están inmiscuidos en una negociación turbia, además de que a los ejidatarios se les dio 60 mil pesos cuando les correspondían 75 mil, e inclusive a algunos solo les dieron entre 35 y 40 mil pesos.
En respuesta a los cuestionamientos de los ejidatarios, el representante jurídico de la P.A. dijo que la intervención de la dependencia en la revisión y firma del convenio fue solicitada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el mismo día que se los enviaron, el pasado 3 de noviembre de 2023, lo revisaron y lo firmaron, porque cumplía de manera general con lo que señala el reglamento de la ley.
Sin embargo, aún no lo han remitido al RAN porque lo impide una suspensión de amparo promovido los inconformes.
“Precisamente como está pendiente la resolución del amparo que presentaron, y posiblemente les van a dar la suspensión, no podemos enviarla, está detenido”, aseguró el jurídico.
Asimismo, la ejidataria María del Carmen preguntó a los funcionarios si revisaron con detenimiento el acta de asamblea con la que se justifica, fundamenta y sustenta el convenio de ocupación previa, pues en la misma no se faculta a pagar y aún así les dieron el dinero. Por el contrario, se suprimieron documentos como el acta de asamblea del 18 de diciembre de 2022, que es la que justifica el pago a la gente y que estuvieron de acuerdo en la cantidad que se les repartiría, así como en dar el 8 por ciento a los abogados.
“Hay un acta de asamblea a la que ustedes no asistieron, que dicen no están obligados a asistir, pero también en ese documento se toman una serie de determinaciones extralegales, en esa acta de asamblea, que pedimos su localización, jamás fue presentada, fue negada para su revisión, en esa acta no se establece la facultad de cobrar, no se faculta para que se firme un convenio de pago”, señaló.
Al respecto, César Ortega dijo que de la revisión que hizo la PA del contrato, encontraron que este cumplía con los requisitos de ley, y aunque admitió que en lo referente al pago se presentan irregularidades, se deslindó del hecho con el argumento de que fue algo que el ejido aceptó.
Los ejidatarios negaron que así fuera y puntualizaron que el convenio no se firmó bajo mandato de asamblea, pues había una medida cautelar que le prohibía al comisariado firmar por sí mismo, además de que en el documento no se menciona que el pago a los ejidatarios se hizo hace más de un año, pues es irregular que se haya efectuado antes que se formalizara.
En este sentido solicitaron a Pineda Maldonado se les informe por escrito sobre la revisión que la dependencia hizo respecto a la legalidad del reparto del dinero, pues fue algo que se señaló en reiteradas ocasiones desde hace más de un año con los comprobantes de pago correspondientes, así como un documento en el que se precise que el contrato no se ha inscrito al RAN.
A fin de indagar más sobre los presuntos actos de corrupción en los que además de la SICT pueden estar involucradas otras dependencias, los ejidatarios se reunirán este 10 de enero con el procurador agrario nacional, Luis Hernández Palacios, en la Ciudad de México, y presentarán la documentación con la que acreditan sus afirmaciones.
