Fernanda Durán
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) compareció ante el Congreso del Estado este viernes 21 de abril, para dar su informe anual de actividades.
El reporte fue presentado con cifras registradas durante 2022, con 11 mil 196 solicitudes de información; 2 mil 408 recursos de revisión; 212 verificaciones de obligaciones de transparencia; 661 denuncias recibidas el año pasado por incumplimiento; solo 31 medidas de apremio emprendidas.
Durante la comparecencia, la diputada Gabriela Martínez Lárraga cuestionó al comisionado presidente, David Enrique Menchaca Zúñiga, sobre los sujetos autónomos que han recibido más recursos de revisión por presentar información parcial, el número de procedimientos que se han concluido, así como de apercibimientos que han resultado y el período de tiempo que se tarda en resolver un recurso de revisión.
El comisionado detalló que la instancia con más recursos de revisión es Ciudad Valles con 134, seguida por Santa María del Río, con 124; la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), con 96; y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con 77. Sin embargo, aseguró que no cuentan con una estadística de los procedimientos concluidos porque existen algunos recursos sin terminar.
En cuanto a los apercibimientos, repitió que hay 31 medidas de apremio emprendidas, es decir, que aún no han derivado en una sanción efectiva.
Mientras que en el caso del periodo de resolución para los recursos de revisión, Menchaca Zúñiga indicó que, según lo establecido por la Ley de Transparencia, se cuenta con un plazo de 30 días para su resolución, pero puede ampliarse en su proceso de ejecución debido a la notificación de los sujetos obligados, por ello reconoció que la resolución podría tardar hasta un año.
“No es lo mismo notificarle al municipio de Tampacan o en los municipios alejados en los que las vías de comunicación y la distancia nos lleva a otro ritmo que notificar a la Secretaría de Gobierno”.
Tras fijar su postura sobre requerir a los solicitantes de información que se identifiquen e informen el uso que quieren darle a los datos solicitados, el diputado Alejandro Leal Tovias pidió su opinión al titular del organismo.
David Menchaca aseguró que “sí sería importante identificar quién pregunta”, pero de acuerdo con los aspectos jurídicos, este tipo de datos no pueden ser requeridos al solicitante.
Ante la insistencia de Leal Tovias, el comisionado numerario José Alfredo Solís Ramírez explicó que debe respetarse el anonimato conforme a la ley, pues atentaría con los derechos humanos de los solicitantes.
