Martín Faz Mora
En unos cuantos días, en el Vaticano, el Papa Francisco habrá de reunirse con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para discutir medidas de prevención del abuso de menores por parte de clérigos católicos.
Los escándalos de abuso sexual en la Iglesia Católica han dañado profundamente los dos recientes pontificados y, con ello, a la institución católica. En buena medida, tanto la renuncia de Ratzinger como la propia llegada de Francisco tienen su origen en la profunda crisis que enfrenta el catolicismo por tales escándalos.
Las expectativas respecto de medidas por parte del Papa argentino eran altas al inicio de su pontificado hace seis años, pero de a poco se diluyeron tanto por la tibieza e ineficacia de las mismas, así como por las resistencias del conservadurismo jerárquico y la Curia Romana que han obstaculizado su labor tanto en éste tema como en otros aspectos de los intentos reformistas de Francisco.
En 2014, con apenas un año al frente de la Santa Sede, Francisco creó la Comisión Pontificia para la protección de menores (PCPM) y a ella invitó a algunos activistas que, a su vez, fueron víctimas de abusos sexuales como la irlandesa Marie Collins y el inglés Peter Saunders, íconos internacionales de la lucha contra el abuso sexual del clero católico. Ambos terminaron dimitiendo decepcionados de los nulos avances en el tema. Saunders en el 2016 y Collins al año siguiente.
La cumbre vaticana se realizará del 21 al 24 de febrero. Fue anunciada en noviembre del año pasado, y el comité organizador envió una carta a las conferencias episcopales en la que “urgimos a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la reunión de Roma, y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado”.
Ignoro si el recién nombrado Presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) Mons. Rogelio Cabrera López, o su antecesor Cardenal José Francisco Robles Ortega, habrán hecho caso de tales consejos. Para el caso de las víctimas del Padre Eduardo Córdova Bautista, no lo hicieron. Nadie de la CEM o siquiera de la propia Arquidiócesis Potosina lo ha hecho, no de ahora en atención a la cumbre vaticana, sino nunca.
Cuando en abril del 2014 el asunto de los abusos sexuales de Córdova Bautista se volvieron públicos alcanzando niveles de escándalo internacional, la iglesia potosina se vio obligada a reconocer que sabía de ellos desde la década de los noventa, y que pese a ello le mantuvo como su apoderado legal durante más de veinte años.
Orillada por las múltiples denuncias tanto públicas, periodísticas y penales de las víctimas, en una pública conferencia de prensa efectuada el 11 de junio del 2014, dos meses luego de la denuncia inicial, el Arzobispo potosino Carlos Cabrero se vio obligado a reconocer los abusos de Córdova, pedir perdón a las víctimas “por estos actos deleznables que han llenado de vergüenza a la Iglesia potosina” y anunciar la creación de una “Comisión de Justicia y Atención a las víctimas” la cual solo constituyó una estrategia de control de daños, pues no solo no funcionó sino que jamás -hasta la fecha- se puso siquiera en contacto con una sola de las víctimas.
El patrón de encubrimiento e impunidad prevalece al interior de la Iglesia Católica, pese a los múltiples casos documentados de abuso sexual a lo largo y ancho del mundo: Alemania, Estados Unidos, Chile, Malta Irlanda y un largo etcétera. Tengo serias reservas de que la cumbre vaticana de estos días modifique lo anterior.
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