Estela Ambriz Delgado
Respecto a la demanda por la vía penal interpuesta por la empresa Promotora y proyectos “Proaljo”, contra las y los representantes del Comité Comunal de San Marcos Carmona en Mexquitic de Carmona a causa del derribo de una barda, el juez sentenció a dos comuneros a un año y tres meses de prisión y al pago de una pena pecuniaria de 14 mil pesos; originalmente la empresa valuó la barda en 8 millones de pesos y pedía una pena de 10 años en prisión.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, los accionistas de Proaljo son Alejandro Torres Ocejo y Jesús Alfredo Chávez Banda.
El asesor de los comuneros, Guillermo Luévano Bustamante, informó que en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 14 de junio, el juez determinó dictarles una pena de un año y tres meses de prisión y el pago de 14 mil pesos; las abogadas penalistas indican que por la pena baja no pisarán la cárcel, sin embargo, resaltó la gravedad de que quienes defienden su territorio sean condenados por una barda y la celeridad en la integración la carpeta de investigación, por lo que ambas partes apelarán la sentencia.
“Es muy grave que los hayan condenado por una barda y que la Fiscalía haya integrado tan rápido una carpeta de investigación cuando en otras cosas no se mueve, y que los distintos jueces en penal, porque ahora son varios jueces en el procedimiento, hayan sido tan expeditos para resolver un asunto de este tipo”.
Asimismo, el abogado indicó que había mucha preocupación del Comité Comunal por el riesgo que implicaba el planteamiento de la empresa de darles 10 años por la barda que valuaban en 8 millones de pesos, pues en ese caso ya no hubiera podido ser conmutativa para compurgarse en libertad, aunque así como lo harán con la sentencia de un año y tres meses hubieran interpuesto una apelación.
En este sentido Luévano Bustamante dijo que se interpondrá una apelación porque aunque se dio la pena más baja, es desproporcionado e irregular el solo hecho de que haya una sentencia condenatoria.
“No queremos minimizar sólo porque quedó en un año y tres meses y no pisarán prisión, es muy grave que el Poder Judicial y la Fiscalía hayan enderezado esta versión de pena privativa de la libertad, y la condena ya es un precedente muy negativo de defensores del territorio porque se trata de una barda construida en una zona en litigio, que para los campesinos es de ellos”.
Por su parte, uno de los comuneros sentenciados, Juan Carlos Santillán, consideró que el proceso ha sido muy turbio, lo que dijo pudo ser constatado por el equipo de acompañamiento sociolegal de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, manifestó que tanto él como José Luis Montes, el otro comunero sancionado, estaban muy preocupados porque habían recibido amenazas.
“Estábamos preocupados porque ya nos habían dicho que nos iban a fregar, nos mandaron a decir que la idea era darnos en la torre para que la gente se calmara”.
Asimismo, el comunero explicó que la empresa pedía que se le pagara más de 8 millones de pesos al precio actualizado de los materiales y se les otorgaran 10 años de cárcel, sin embargo, el juez dijo que al no acreditar el perito de Proaljo el costo de los materiales, ya que no aportó alguna prueba, solamente sus dichos, no procedía el monto que pedían.
Tanto el abogado Guillermo Luévano como el señor Santillán coincidieron en señalar que se observó una actitud diferente tanto de parte del juez como de los representantes de la empresa, quienes en anteriores audiencias habían estado sonrientes y bromistas, y posiblemente por la mediatización del tema el pasado 14 de junio se mostraron muy tensos e incómodos.
Ambos reiteraron que se apelará la sentencia y que la comunidad de San Marcos está en mucho mejor ánimo, sobre todo por las suspensiones definitivas en lo ambiental.
Finalmente, el asesor expresó que continuarán con la estrategia de dirigirse a autoridades del Gobierno Federal, y harán una gira por la Ciudad de México para hablar con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, así como con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
