Por Victoriano Martínez
La LXII Legislatura entró a su último receso el pasado 1 de julio.
Cuando parecía que se había logrado un avance en transparencia en torno a las reuniones de comisión, y de otro tipo, distintas a las sesiones del Pleno, en los últimos 15 días muestran un retroceso que hace más notorias deficiencias que exhiben una opacidad en un punto tan sensible como la posibilidad para que la ciudadanía le dé seguimiento a sus actividades.
Desde hace tres Legislaturas, las sesiones del Pleno y de la Diputación Permanente del Congreso del Estado se han transmitido en vivo a través de Internet, y fue hasta el 28 de abril de 2020 cuando por primera vez se transmitió una reunión de comisión (la de Justicia).
Hace casi un mes se transmitió la última reunión de comisión que cerró ese ejercicio de transparencia. Paradójicamente fue una sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La transmisión de todas las reuniones en el Congreso del Estado –sean del Pleno, de comisiones, foros, comparecencias, conferencia y otras– constituyen un buen ejercicio de transparencia, aunque insuficiente si no se informa con tiempo a la población las fechas y horarios de su realización y transmisión, lo que dejó de hacer la Legislatura desde marzo del año pasado.
La transmisión y posibilidad de consultar las reuniones videograbadas resulta insuficiente para suplir la deficiencia de no informar con tiempo fechas y horarios que abren la posibilidad de dar seguimiento en vivo a las actividades de los diputados. Dos ejemplos:
UNO. El pasado martes comparecieron Leopoldo Stevens Amaro, secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Miguel Ángel Carbajal Martínez, oficial Mayor de Gobierno del Estado, el incumplimiento de las Recomendaciones 3/2017 y 22/2018, ambas emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Interesados, además de los medios periodísticos, había muchos. Sobre todo en particular la víctima ante quien esas instancias gubernamentales incumplieron a plenitud con las acciones derivadas de las dos recomendaciones de la CEDH, sin dejar de lado que esos incumplimientos ya generaron una recomendación –la 3/2021– de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La falta de publicación de la agenda de reuniones, que en Legislaturas anteriores se publicaba con una semana de anticipación a los eventos, impidió que la víctima, María de Jesús Armendáriz Prieto (Mary Chuy), pudiera saber de una comparecencia que la involucraba. Peor aún, como parte, no se le notificó ni se le invitó a la comparecencia.
La recomendación 3/2021 de la CNDH al gobernador Juan Manuel Carreras López es por haber incurrido, entre otras cosas, en violencia institucional. Mary Chuy presentó a la CNDH una queja adicional aún no resuelta en la que incluye al Congreso del Estado como partícipe de esa violencia institucional, que sirvió de presión para que se generara la comparecencia del martes.
Ni aun así la invitaron a la comparecencia, pero además la opacidad con la que los actuales diputados han retornado en cuanto a las reuniones que realizan le impidieron dar seguimiento a uno más de tantos actos que ha perseguido en más de seis años de buscar justicia.
DOS. Este miércoles sesionaron de manera conjunta las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, Igualdad y Género sin que se informara por anticipado en el sitio Web del Congreso del Estado sobre su realización y sin que se transmitiera, como ocurría desde hace 15 meses.
Aprobaron el dictamen para expedir la Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Un tema que, por su naturaleza, supone la existencia de muchos más interesados directos.
La imposibilidad de darle seguimiento en tiempo real a la reunión, por no ser anunciada, podría subsanarse con la posibilidad de consultar su videograbación. Pero ésta no existe porque no se transmitió en vivo.
La iniciativa que se dictaminó es posible consultarla en el apartado de transparencia del Congreso del Estado, pero los informado sobre la reunión limita la posibilidad de saber si hubo cambios en el texto propuesto que pudieran haber corregido omisiones e imprecisiones en el mismo. Será hasta que el dictamen se publique en la Gaceta Parlamentaria cuando se pueda hacer esa comparación.
Cuando el 28 de abril de 2020 se transmitió en vivo la sesión de la Comisión de Justicia, representó un avance en el en el derecho de acceso a la información pública. Cuando se dejaron de transmitir después del 18 de junio, la LXII Legislatura atentó contra el principio de progresividad de un derecho… e hizo notorios otros retrocesos contra Legislaturas anteriores.
Todo hace parecer que en la LXII Legislatura lo que era un buen avance en transparencia se dio, gracias a la pandemia, como el burro que tocó la flauta, en tanto que, con el regreso paulatino a la normalidad, les salió lo cangrejos, un paso a la transparencia y unos cuantos hacia la opacidad, con lo que resultó ser más opaca que las tres anteriores.
