Jaime Nava
La noche del domingo 24 de noviembre se derrumbó una finca que se ubica en la calle de Parrodi, esquina con 1 de Mayo, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, inmueble que forma parte de las más de 60 propiedades que posee la familia Gallardo –usando sus nombres o el de diversas empresas– y que han ido acumulando desde que comenzaron a ocupar cargos públicos.
El investigador del Colegio de San Luis y vecino del barrio de San Sebastián en el Centro Histórico, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, fue una de las primeras personas que se percataron de lo sucedido y que alertaron a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debido a que la propiedad se ubica dentro del perímetro de protección del patrimonio cultural.
A través de un escrito dirigido a Diego Prieto Hernández, secretario Técnico del INAH, Ruiz Guadalajara expuso que durante años ha denunciado a la delegación estatal del INAH constantes “irregularidades y violaciones a los reglamentos de protección del patrimonio” recibiendo como respuesta la “indiferencia” del delegado, Juan Carlos Machinena, a quien acusó de ser uno de los máximos responsables de la gentrificación y destrucción del Centro Histórico.
Consideró que una de las causas que pudieron originar el derrumbe es el tránsito diario de “cientos de camiones de pasajeros” que generan vibraciones permanentes que causan grietas y fisuras a las paredes de las casas, por lo que dijo que “es urgente detener el flujo de tránsito pesado por el Centro Histórico e iniciar un plan de rehabilitación de los barrios antiguos de San Luis antes de que tengamos que lamentar la muerte de alguna persona por negligencia de las autoridades.”
Desde febrero de 2012, Ricardo Gallardo Cardona adquirió el inmueble a través de Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V., empresa que creó en julio del 2010, cuando su padre, Ricardo Gallardo Juárez, era alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, y fue una de las utilizadas en el desvío de más de 200 millones de pesos de ese municipio que fueron triangulados mediante la Clínica Wong.
La propiedad, de 417.35 metros cuadrados, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio 232315 y, según consta en la escritura pública, el hoy diputado federal pagó por ella un millón 200 mil pesos; sin embargo, en la declaración patrimonial que presentó como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez aseguró que el valor del inmueble es de tres millones 500 mil pesos.
