Por Victoriano Martínez
El cambio de sede del LXXIX Congreso y Campeonato Nacional de Charrería es mucho más que un dato anecdótico. Es uno de tantos síntomas del principal padecimiento del sexenio: gobernar por capricho y aferrarse vía improvisación sin importar gastar lo que se tenga que gastar, como se argumentaba hace tres sexenios.
Hacer a un lado la Arena Potosí del máximo evento de charrería no fue propiamente un acto de prudencia, sino más bien una situación obligada por todos los elementos que rodearon a la obra, que la convierten en el prototipo del procedimiento para la realización de rehabilitaciones o construcciones con el erario.
Si Pancho Villa se guiaba en plena Revolución por la consigna “Primero disparo… luego veriguo”, aunque por las circunstancias no es del todo comparable, lo cierto es que hoy el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona parece haberla adaptado para despilfarrar los recursos públicos: “Primero comenzamos a construir… luego lo justificamos y hacemos la licitación o adjudicación que aplique”.
El sexenio comenzó con el arranque de la rehabilitación del Parque Tangamanga I, a todas luces sin licitación, pues para que eso fuera posible el procedimiento de adjudicación tuvo que darse, desde la convocatoria hasta el fallo, todavía durante la administración de Juan Manuel Carreras López.
Si hubiese sido una licitación heredada, cual herencia maldita, daría indicios sobre el origen de la maldición que padecen las obras del sexenio que se anuncian con un costo y terminan con uno muy pero muy superior.
Las del Tangamanga I se anunciaron en 150 millones de pesos al arrancar y en el primer informe de gobierno aparecieron con un costo superior a los 336 millones de pesos.
La construcción de la Arena Potosí comenzó en el mes de febrero, sin licitación igual que la rehabilitación del Tangamanga I, y con un costo estimado de 290 millones de pesos. Para mayo que se veriguó en el fallo de la licitación se reveló un incremento en su costo. Aumentó a 481 millones 20 mil 377.11 pesos.
Ahora habrá que esperar a que se concluya y ver de cuánto fue la inversión final que se aplicó a tan innecesaria construcción, si es que se informa en el tercero o cuarto informe de gobierno, además de ver cómo se justifica su realización después de que por largos meses se presumió como el recinto que sería la sede el LXXIX Congreso y Campeonato Nacional de Charrería.
Se trata de una justificación que resulta relevante en tanto que, en el Plan Estatal de Desarrollo, al hablar de recintos deportivos, sólo menciona “el rescate y mantenimiento de espacios públicos deportivos y emblemáticos como: Parques Tangamanga, auditorio Miguel Barragán, estadios Plan de San Luis y 20 de Noviembre, y un nuevo recinto para la práctica de la charrería”.
No habla de un nuevo recinto para el Basquetbol, sino del rescate y mantenimiento del auditorio Miguel Barragán. Tampoco habla de habilitar espacios como el estadio 20 de noviembre para la charrería. Habla de “un nuevo recinto para la práctica de la charrería” (página 42). Como dato adicional: es la única mención de la palabra charrería en todo el documento.
Sorprende que Gallardo Cardona ahora rechace que la charrería haya sido el motivo de la construcción de la Arena Potosí. Si no se logra el capricho, viene el berrinche: “al cabo que ni la quería para eso”.
“Si no inauguramos la Arena haciendo un evento charro, pues para nosotros hasta mejor, para ya quitarle ese tipo de estigmatismo (sic) que le están metiendo ciertas personas, porque la Arena que se está haciendo es un patrimonio de los potosinos”, expresó.
¿Acaso habrá que esperar la construcción de otro lienzo charro para que se cumpla con esa línea de acción de la estrategia 9.1 del Plan Estatal de Desarrollo?
El reconocimiento de la imposibilidad de contar con la Arena Potosí para el evento nacional charro tuvo que darse 21 días antes de su arranque, no porque estuvieran dispuestos a reconocerlo, sino porque la habilitación del estadio 20 de noviembre ya había iniciado como el negado plan B y comenzó a ser cada día más notoria.
De entrada, la Liga Tunera de Sóftbol Femenil se vio obligada a cambiar de sede los partidos de su rol de juegos ante la intervención de maquinaria en las canchas que normalmente usan porque serían convertidas en corrales provisionales para el evento nacional charro.
Mucha gente se comenzó a enterar indirectamente del cambio de sede, que al gobierno no le quedó otra alternativa que reconocerlo… y anunciarlo. Una costosa improvisación que se trató de mantener oculta con mentiras abiertas, como señalar la inexistencia de un plan B.
Si Marcelo de los Santos acuñó la frase “se va a gastar lo que se tenga que gastar”, Gallardo Cardona parece haber completado la consigna con un “y se va a mentir lo que se tenga que mentir… con tal de gastarlo con toda la opacidad”.
