Por Victoriano Martínez
Juan Manuel Carreras López, el gobernador inadvertido, no ha tenido problemas con la revisión de sus cuentas públicas.
La Cuenta Pública 2015, de la que sólo fue responsable los últimos tres meses, tuvo observaciones por 103 millones 948 mil 303 pesos, cuando ese año el Ejecutivo gastó 42 mil 683 millones 683 mil pesos. El 0.24 por ciento observado.
La Cuenta Pública 2016, en la que ya fue el responsable durante todo el año, tuvo observaciones por 156 millones 129 mil 811 pesos sobre los 44 mil 958 millones 675 mil pesos. El 0.35 por ciento observado.
La Cuenta Pública 2017, también toda suya, tuvo observaciones por 51 millones 452 mil 385 pesos sobre los 49 mil 261 millones 997 pesos que devengó. El 0.1 por ciento observado. Cada vez más limpio, pues.
Una limpieza en su cuenta que poca envidia le pueden causar las cero observaciones en la Cuenta 2016 de Ricardo Gallardo Juárez, que salió completamente limpia en pleno apogeo de la ecuación corrupta.
Para la Cuenta Pública 2018, el gobernador despreocupado seguramente ya se encuentra libre de cualquier angustia ante el éxodo de un grupo de ex trabajadores de la Contraloría General del Estado a la Auditoría Superior del Estado, donde han sido colocados estratégicamente no sólo para tener bajo control sus cuentas, sino prácticamente las de los 113 entes fiscalizables.
Un flujo en el que, incluso, no se respetó el timing, que suele ser una preocupación del mandatario. Para empezar, Fernando Díaz Jiménez, a quien en la ASE identifican como la cabeza del grupo de auditores migrantes, no esperó el año de cajón para pasar de un ente fiscalizable al ente fiscalizador.
Carreras López no ha tenido problemas con la fiscalización de sus cuentas.
La maniobra de ocupación de la ASE parece tener una finalidad diferente. Tan inadvertido y despreocupado resulta el gobernador, que esta acción lo vuelve un gobernador hasta misterioso.
A menos que sea Gabriel Rosillo, el contralor general, quien se esté empoderando.
