Por Victoriano Martínez
Hasta ahora, el establecimiento de indicadores en la gestión gubernamental no ha servido más que para rebuscados actos de simulación que terminan en mascaradas de opacidad que exhiben la poca vocación para la rendición de cuentas de quien está al frente de la administración pública… incluso si están obligados por ley a publicarlos.
Si algo pudiera tener de novedoso el anuncio por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de otros nuevos indicadores de productividad mensuales es el carácter de una ocurrencia más que acumula, como si ya no encontrara en la chistera con qué distraer a la población y hacerle creer que se trata de un gobierno innovador con medidas favorables a su efectividad.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado obliga, desde 2016, a todas las dependencias a publicar mensualmente cuando menos dos tipos de indicadores: los “relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones” y los que “permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”.
Ambos casos están muy lejos de señalar que se trate de indicadores de “productividad” porque en la administración pública resulta más relevante el cumplimiento de sus funciones (Art. 84, fracc. VIII) así como el establecimiento de objetivos y la evaluación de sus resultados (Art. 84, fracc. IX).
En mayo se cumplirán siete años de la existencia de esa obligación y es momento en que los servidores públicos no han sido capaces de cumplirla… ni en los 15 meses que lleva el actual sexenio.
Una revisión a lo publicado por las 20 principales dependencias del Poder Ejecutivo como cumplimiento de la fracción IX del artículo 84 de la Ley de Transparencia revela la existencia de tal discrecionalidad en la elaboración de los indicadores, que hay unas que lo dan por cumplido con un solo indicador, en tanto que otras hasta 48.
Se trata de la presentación de archivos Excel que no llegan más allá de enlistar los presuntos indicadores, señalar una presunta línea base de medición y otra cifra para metas y finalmente una más para señalar el avance.
Así, por ejemplo, la Secretaría Particular del Gobernador señala como único indicador la “Atención y seguimiento a peticiones, solicitudes, apoyos de los ciudadanos”, señala como línea base y meta un 100, que se entiende como cien por ciento, y en el avance al mes de diciembre indica haber cumplido… ¡100!
La información capturada en los archivos Excel se realiza con tal descuido, que no suelen utilizar el mismo tipo de formato de contenido, de manera que el programa arroja suma de porcentajes y promedios erróneos.
Por ejemplo, el de la Secretaría de Desarrollo Económico arroja 18 indicadores con un 2 mil 419 por ciento de cumplimiento en promedio. Si se depuran los datos, el promedio de cumplimiento de los 18 indicadores baja a 81 por ciento.
La poca seriedad con que se toma el cumplimiento de la difusión de oficio de los indicadores, tanto del cumplimiento de sus funciones como de la evaluación de sus resultados, ha inutilizado la disposición legal que tendría que favorecer una real rendición de cuentas.
Preocupante resulta uno de los parámetros que para los novedosos indicadores dejo ver Gallardo Cardona cuando hizo su anuncio.
“Si hay un boletín, es porque hay una actividad, no vamos a generar un boletín porque nos pusimos a doblar hojas”, aseguró el gobernador.
Si algo ha caracterizado a los boletines del gobierno estatal es su nulo carácter informativo y la forma en que privilegian la propaganda y la promoción personalizada inconstitucional como para que se les dé valor para un indicador.
¿Por qué esperar que ahora nuevos indicadores de “productividad”, con un parámetro tan torcido como ese, cubrirán un déficit que en los últimos 15 meses las autoridades estatales no han sido capaces de cumplir?
Antes que novedosos indicadores de “productividad”, las autoridades están obligadas a cumplir con lo que ya les ordena la Ley de Transparencia, hacerlo con responsabilidad y difundir abiertamente los parámetros y metodología con que los apliquen, de manera que la población tenga idea real de que se apegan a sus funciones legales y no a novedades propagandísticas.
