Por Victoriano Martínez
Tantas veces ha mostrado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que poco le importa respetar la Constitución y las leyes, que cada vez que lo hace ya no es para sorprenderse, sino simplemente para dejar registro del hecho… y la ocurrencia en turno para justificarse.
“Es parte de la grilla política”, fue el calificativo que le mereció la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo sanciona por incurrir, junto con otros 16 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en violaciones a la veda por la Revocación de Mandato.
Una resolución que, por cierto, estuvo a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien en su momento también fue el ponente para resolver sobre la validez de la elección de la que resultó electo gobernador Gallardo Cardona.
En aquel momento, la resolución propuesta por De la Mata Pizaña también pudo ser “parte de la grilla política”, pero no podía ser calificada de esa manera por el hoy mandatario, porque entonces dotó de legalidad a su triunfo como gobernador.
El trabajo del Tribunal Electoral federal tiene, pues, la característica –según Gallardo Cardona– de ser parte de esas “cosas que son incorrectas, sin embargo, las acataremos sabiendo que están mal ellos”.
Y es que en el acatamiento, Gallardo Cardona tiene la certeza de tener garantizada la impunidad total: el TEPJF le turnó el expediente sobre la violación a la Constitución y a las leyes relacionadas con la veda por la Revocación de Mandato… ¡al Congreso del Estado!
“Voy a seguir trabajando haciendo los desplegados que tenga que hacer y que sea el Congreso los que sancionen lo que tengan que sancionar”, fue la expresión de Gallardo Cardona y su plena confianza en la sumisión de los 27 diputados locales.
Traducción: “voy a violar la Constitución y las leyes todo lo que las quiera violar, que ya no existe instancia capaz de sancionarme”.
Esa es la actitud con que Gallardo Cardona atiende la resolución del TEPJF que, entre sus intenciones, señala en la sentencia que busca “velar por el cumplimiento de la Constitución y que se desaliente el incumplimiento futuro”.
Una actitud que comenzó a perfilar el actual sexenio prácticamente desde su arranque como el sexenio de la ilegalidad.
No es que en los otros sexenios no se incurriera en hechos ilegales, sino que como en ninguno éstos comenzaron desde el primer día con el arranque de obras no licitadas en el parque Tangamanga I, y el ocultamiento de las posibles anomalías desencadenó una secuencia de ilegalidades cada vez más inocultables.
Ni el proceso de licitación, ni los contratos y ni siquiera los nombres de las empresas que se encargaron de las obras en el Tangamanga I que costaron más de 200 millones de pesos según la declaración efectista de Gallardo Cardona para impresionar con obras con presuntas grandes inversiones, se han publicado a pesar de existir obligación legal de hacerlo.
“No los estamos escondiendo, pero son datos que de alguna manera los queremos proteger”, afirmó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).
Traducción: “no estamos violando la Ley, lo que pasa es que no queremos cumplirla”.
Si desde la cabeza de esta administración pública estatal se descalifica hasta a las instancias responsables de clasificar la legalidad de sus actos con expresiones como “es parte de la grilla política”, es de suponer que el resto de los servidores públicos se siente con licencia para incumplir las leyes.
Y es que el del Tangamanga I no es el único caso que detona una cadena de violaciones a la ley, sino que cada vez es más larga la lista de los casos en los que se confirma la política de una opacidad con gallardía que, a su vez, acumula elementos para que se reafirme este como el sexenio de la ilegalidad.
