Carlos Rubio
Magdalena Saavedra salió de la cárcel hace tres meses, después de estar encerrada injustamente durante cinco años y medio. Sin embargo, ahora se encuentra atrapada en una cárcel diferente, una sin barrotes, sin vigilancia, los muros que la detienen son los traumas psicológicos en su cabeza derivados de una detención arbitraria y una interminable tortura por parte de elementos de la Secretaría de Marina. Hoy, intenta volver a ser libre junto a sus hijos, luego de haber vivido en el infierno.
El principio de todo
La madrugada del 10 de mayo del 2013, en San Luis Potosí, Magdalena preparaba los festejos del día de la madre y esperaba la llegada de los músicos que había contratado para llevarle serenata a su mamá y a su abuela. Fue entonces cuando entre las 12 y la una de la mañana, alrededor de nueve marinos irrumpieron en su casa, golpeándola y gritándole: “¡¿Dónde está el material y el dinero?!”. Entre los gritos la acusaban de ser operadora financiera del Cartel del Golfo. Ella les mostró una libreta donde apuntaba sus citas para su negocio, intentando demostrarles que solo se dedicaba a la cosmetología. Al mostrarse confundida y sin respuestas, le colocaron una bolsa en la cabeza y la subieron a una camioneta, donde continuaron golpeándola.
“Grité para pedir auxilio; cuando abrí la ventana que daba a la calle, vi bastantes soldados y ya me estaban rompiendo la puerta de mi cuarto y la puerta de la entrada. Ahí estaba yo, sola”.
La llevaron a unas instalaciones desconocidas y la sentaron en una silla en medio de un cuarto que se asimilaba a un vestidor, ahí fue donde la tortura comenzó. En tres ocasiones le colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarla, mientras le daban toques eléctricos en todo el cuerpo, incluyendo sus partes genitales y la golpeaban fuertemente con los codos. La primera vez que se desmayó, hicieron que se levantara golpeándola continuamente. Después, no pudo soportar el dolor de los toques y volvió a perder la conciencia. En ese momento, una mujer, identificada como médico, les indicó a los marinos que esperaran una hora para continuar, ya que se le había subido mucho la presión y existía el riesgo de que muriera.
Casi seis años después, aún son muy notorias las huellas que quedaron en Magdalena después de la tortura, tanto física como psicológicamente. A simple vista, en su frente se puede distinguir una fisura que cada vez se hace más grande, consecuencia de tantos golpes infringidos ese día. En su mano carga con una cicatriz, producto de las descargas eléctricas.
Interiormente la carga es mayor, revivir y contarme acerca de ese día, cambia totalmente el semblante de Magdalena. Sus manos tiemblan, sus palabras se quiebran y sus ojos se tornan llorosos, pero no emanan lágrimas de ella, las resguarda, su fortaleza las convierte en fuerza.
“Una de las cosas que me decían era que, esperaban que un coágulo me llegara y me matara”.
Los marinos querían una confesión firmada de Magdalena, en la que aceptara ser la operadora financiera de los Zetas, a pesar de que al detenerla señalaron al Cartel del Golfo. Cuando pasó la hora recomendada por la mujer, la tortura continuó: la voltearon sobre la silla y comenzaron a violarla, le introdujeron objetos por el ano y la vagina, incluyendo el aparato de toques. En ese instante le llevaron la libreta que ella les había dado y le mostraron el nombre y la dirección de su hija; le dijeron que le harían lo mismo a ella y a su hijo lo matarían. Sucumbió ante el miedo de que sus hijos vivieran algo similar, ante el único dolor que de verdad sentiría en su corazón.
Confesión obligada
En ese momento aceptó haber participado, junto con otras dos personas, en los delitos de: delincuencia organizada, acopio de armas, portación de arma, posesión de cartuchos, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquisición y custodia de recursos.
El día 13 de mayo de 2013 se envió un correo a medios de información, donde se incluía un comunicado y fotografías tomadas a Magdalena, y a sus supuestos cómplices en las instalaciones de la Policía Estatal. El perfil oficial de Facebook de la entonces Procuraduría General del Estado hoy Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y el periódico Pulso en su versión online, fueron los primeros en publicarlo, después, se leyó en más medios el mismo boletín. De esta forma fue como sus familiares se enteraron de que había sido detenida; durante tres días pensaron que estaba secuestrada.
La Semar escribió en su informe que Magdalena guardaba armas de fuego, cartuchos, cargadores y cocaína en su vivienda, tras su sillón, en la casa en la que jugaban sus dos hijos pequeños. En el hogar donde vivía la mujer que se levantaba todos los días por la mañana a desayunar y convivir con ellos, para después llevarlos a la escuela e ir a abrir su negocio, que le daba las ganancias mensuales suficientes para llevar una vida digna y activa, en la que salían de viaje, acampaban y conocían el mundo. Esa vida que se les arrebató.
El dictamen final de la Procuraduría General de la Republica (PGR) acerca de las severas lesiones que tenía Magdalena fue: “Presenta lesiones de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días”.
Durante las revisiones médicas llevadas a cabo en el Centro Federal Femenil Noroeste, Tepic, Magdalena manifestaba sangrado anal y vaginal, hematomas alrededor de su cuerpo e inflamación en el rostro, sin embargo, en el estudio sólo se reportó: “Sin heridas, sin quemaduras, aparentemente sana sin lesiones físicas, sin lesiones traumáticas externas”.
“En el Cefereso, la doctora que me atendió, me dijo: ‘Pues si te metieron el dedo por el ano eso no es violación, no pasa nada’. Yo llegué destrozada y me destrozaron más”.
Fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Núm. 16 “CPS Femenil Morelos”. Su caso recayó en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, ahí, el secretario Yuri Gagarin Saldaña Alonso, significó un obstáculo más en su camino, “topé con pared con él”. Ignoró sus peticiones de pruebas para tratar de demostrar su inocencia y tornaba lentos los procesos, volviéndolos a espera de hasta diez meses.
Afortunadamente aparecieron el juez Juan de Dios Monreal Cuellar y el defensor público José Juan Chávez Godínez, quienes se encargaron de desatorar el proceso que Saldaña Alonso mantenía detenido a su gusto.
“Estaba completamente sellada y encadenada a las burocracias tan grande que había dentro del juzgado, porque si no pasaba por el licenciado Yuri, pues no pasaba al juez. Él me decía, ya cierra, me estás creciendo mucho el expediente”.
Algunos de los episodios más tristes y difíciles que Magdalena recuerda dentro del Cefereso, fue cuando quiso quitarse la vida en dos ocasiones. La primera cuando no avisó que era asmática y sólo esperó a que le llegara un espasmo muscular y sus vías respiratorias se bloquearan. En la segunda, esperó una hemorragia vaginal, ya que le sucedían continuamente, consecuencia del aparato de toques que le habían introducido durante las torturas. En ambos casos vivió y hoy se encuentra relatando su historia.
“Me era muy difícil, ya cuando traes ganas de no despertar, simplemente lo llevas a cabo, no avisas”.
En el 2016, en al menos tres ocasiones, almirantes de la Secretaría de Marina, entraron con suma facilidad a las instalaciones del Cefereso a verla, y le ofrecieron dinero que le llegaría a su familia, a cambio de la firma de un contrato en el que se certificaba la reparación integral del daño hacia su persona. Se negó a firmarlo.
El protocolo de Estambul es una guía con los estándares en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que haya sido víctima de tortura o algún maltrato. Magdalena pidió a la PGR que se le practicara dicho estudio desde que fue aprehendida y nunca lo aplicaron. Posteriormente, el 7 y 8 de julio de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le aplicó el protocolo, a causa de las marcas de tortura física que aún, más de un año después, eran visibles en su cuerpo.
“En el Cefereso se rompen todos los derechos humanos, con esa directora y esas comandantes que se tienen a cargo. Como humanos no tienen nada de humanos y da lástima, porque son mujeres”.
El Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), emitió un escrito dirigido al Juzgado Cuarto de Distrito, en el que expresaba las consideraciones necesarias para realizar un mejor procedimiento en el caso de Magdalena, concluyendo que el Juzgado cuenta con las pruebas suficientes para acreditar que Magdalena sufrió graves violaciones a sus derechos humanos, que consisten en “la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y actos de tortura y tortura sexual”.
También se lee en un apartado donde expresan: “Nos atrevemos a afirmar que se fabricaron pruebas en su contra”.
Así como el Centro Prodh, también la asociación civil, Amnistía Internacional se acercó a ella, y su caso, junto al de otras cien mujeres, apareció en el informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”.
Derivada de quejas que se presentaron y el protocolo de Estambul, el 30 de mayo de 2017, la CNDH emitió la recomendación número 20/2017, dirigida al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina. Entre sus recomendaciones se encuentra el proceder para la reparación del daño de la víctima, además del seguimiento de la PGR de la denuncia presentada por Magdalena, para que se determine la responsabilidad de los agentes de la Semar que participaron en los hechos.
Ante el inminente por venir de la recomendación de la CNDH, se explica la insistencia por parte de las autoridades de la Secretaría de Marina por hacer que Magdalena aceptara como cumplida la reparación de los daños.
Dada la recomendación emitida por la CNDH y ante la imposibilidad de actuar por más tiempo en contra de ella, Magdalena Saavedra fue absuelta de los cargos presentados en su contra, el 9 de noviembre de 2018.
La tarde del sábado 10 de noviembre del 2018, Magdalena salió del Cefereso, respirando aire fresco y caminando hacia sus padres, sus hermanos, sus hijos y su nieto.
“El Juez Juan de Dios fue quien me dio la absolución, debido a todas las violaciones ya comprobadas en mi proceso. Y ya me dieron en segunda instancia, la ratificaron de la sentencia absuelta, eso fue en enero de este año”.
Secuelas
Magdalena hoy se encuentra con su familia y sus hijos, pero la tortura y su estancia en la cárcel no han quedado atrás. Sufre de estrés post traumático severo, depresión severa, ansiedad severa e inicios del desarrollo de esquizofrenia.
Salió de prisión sin un centavo para vivir, está por perder su casa, necesita pagar un psicólogo especializado en tortura y medicinas cuyo costo asciende a más dos mil pesos. Debido a los traumas que tiene, sufre “flashbacks” que le provocan la pérdida de conciencia y la regresan al momento en el que fue torturada, por lo tanto, no puede andar sola por las calles, no puede manejar, no puede recobrar su vida como era antes. Le es imposible permanecer en público durante más de dos horas.
“Hubo quien se acercó, lamentablemente mujer, y me dijo: ‘Pues es que tú ya pasaste por todo el ejército, ya fuiste la puta de todo el ejército’”.
Inmediatamente cuando regresó a San Luis Potosí, se acercó a buscar ayuda en la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas Federal (CEAV), sin embargo, no obtuvo respuesta alguna, lo único que la CEAV le ha proporcionado es un documento donde se acuerda inscribirla al Registro Federal de Víctimas, con fecha del 29 de enero de 2018, cuando aún se encontraba detenida, firmado por el director general del Registro Nacional de Víctimas, Mario Federico Herrera Montalvo.
Ante la nula respuesta de la CEAV, decidió acudir con el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, en búsqueda de un financiamiento para reabrir un negocio de textiles que su madre tenía y dejó caer por la situación que se vio obligada a vivir toda su familia. Nunca la atendió el gobernador.
Fue atendida por José Abelardo Casillas Ramírez, director de Gestión y Atención Ciudadana, a quien le contó su caso y todo lo que había vivido durante cinco años y medio. Luego de ir al menos seis veces a buscarlo, le dio un formato de carta dirigida al gobernador, donde externara su petición. Posterior a eso, el 8 de febrero de 2019, a Magdalena se le entregó un oficio dirigido a la Directora General del Instituto Estatal para las Mujeres, con el que le dijo que podría ir a pedir su financiamiento.
Magdalena confió en Abelardo Casillas, y acudió al instituto, donde le dijeron que podrían ayudarla con talleres y algunas terapias, pero ahí no ofrecían ningún tipo de financiamiento. El director de Gestión y Atención Ciudadana la envió ahí, consciente de que no le iban a dar la ayuda que pedía.
Hoy tiene 51 años de edad, y la ansiedad atraviesa el cuerpo de Magdalena cada que su mente regresa a aquel 10 de mayo de 2013, las voces de sus agresores se cuelan en sus pensamientos, no obstante, no se corrompe su espíritu. El lazo de una familia que fue obligada a madurar, ahora se ha vuelto más fuerte y la causa que Magdalena persigue, es la misma: la salvación de al menos una mujer, que no pase por lo mismo que ella pasó.
Se encuentra lejos de la cárcel, pero ahora le toca remar contra corriente en los procesos administrativos que buscan detener y revictimizar a más de uno. Ella está consciente de que su lucha no ha terminado, apenas comienza.
El caso de Magdalena nos obliga a pensar, ¿quién es la persona de uniforme y placa que en algún momento puede decidir sobre nuestras vidas, como lo hizo con la de ella y sus hijos?
—Tú ya saliste de la cárcel, pero ¿realmente te sientes libre?
Las lágrimas fluyen, rápido y desesperadamente.
—No. No puedes sentirte libre cuando tienes todo esto en la cabeza. Estoy en una cárcel donde no hay comandantes, nadie me vigila. No hay barrotes que me detengan. Tengo muchos problemas psicológicos después de lo que pasé.
—Tengo seguridad y certeza de quien soy, pero no sé cuándo me voy a sentir libre.
