Por: Eduardo Delgado.
El demandante de la reposición del procedimiento que derivó en la elección de Claudia Elizabeth Avalos Cedillo, como integrante de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Jaime Sánchez Ferro, anticipó que “en el remoto caso” de que no sea ratificado el amparo federal, que le ordenó al Congreso convocar a otro proceso, recurriría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Precisó que su inconformidad no es en contra de Avalos Cedillo, sino respecto de las irregularidades registradas en el proceso, celebrado por el Poder Legislativo entre abril y mayo del año pasado y que favoreció a la hija del Secretario de Salud de Gobierno del Estado.
La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, expuso, establece en su artículo 88 que la selección debió definirse en base a un examen de oposición, que incluye una evaluación de conocimientos teórico práctico y “sólo fue a partir de una entrevista”, precisó.
Ordenada también la presentación de los currículos de los aspirantes en un formato especifico, lo que se incumplió “tanto Claudia como otros, que lo presentaron en formato libre, motivo para que fueran desechadas sus propuestas”.
Recordó que en primera instancia el juez III de Distrito, José Luis Cruz Álvarez, desechó su demanda de amparo y tras esa resolución promovió un recurso de revisión, resuelto posteriormente a su favor por el Segundo Tribunal del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, el 29 de noviembre de 2014, el juez anuló el proceso y le ordenó al Congreso convocar a otro. Sin embargo, en representación del Poder Legislativo, el diputado Crisógono Sánchez Lara y Claudia Avalos, tercera interesada, promovieron un recurso de revisión, que están por resolver los magistrados del Segundo Tribunal del Noveno Circuito.
Remarcó que su interés es que las cosas se hagan apegadas a la legalidad, “sobre todo el Congreso, que es un ente obligado a vigilar el cumplimiento del Estado de Derecho”.
Descartó cualquier sospecha en torno al aplazamiento de la resolución del caso, pues consideró que los magistrados “tienen una alta carga de trabajo y suelen darle prioridad a los asuntos penales. No creo que sea algo mal intencionado”.
“Creo que es un caso inédito y los magistrados quieren revisarlo bien para emitir una resolución fundamentada, porque no es común que se interpongan amparos contra el Congreso del Estado”, añadió.
Aclaró que la resolución a su favor, respecto del recurso interpuesto por los diputados y Claudia Avalos, no implicaría que él deba ser designado en lugar de Claudia. Incluso “tendría la oportunidad y la opción de decidir participar o no”, añadió.
La intención es que las cosas se hagan con apego a la legalidad y de volver a participar probablemente “no sea yo el mejor candidato”, por falta de conocimientos y de capacidad.
