Por Victoriano Martínez
“Si la escondes, se nota”, fue hace algunos lustros la advertencia que hacía la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a los sujetos obligados que ocultaban los datos que deben difundir de oficio.
Hoy que se viven tiempos en que lo que más se nota es el ocultamiento de la información con una CEGAIP confabulada con los sujetos obligados, ejercer el derecho de acceso a la información pública está motivado más que nunca por una de las principales razones que dieron origen a las leyes de transparencia: la desconfianza ganada por los servidores públicos, siempre bajo sospecha.
Confiados en su premisa de que propaganda mata transparencia, la alta burocracia se autoengaña –con séquitos de confirmación– y lejos de mantener el espíritu que originó las leyes de transparencia –recuperar la confianza de la población– en lugar de esforzarse por recuperar la confianza de la ciudadanía, la pretenden engañar.
Suplir transparencia con apariencia siempre deja huella y a veces sólo es cuestión de tiempo para que el maquillaje por sí solo poco a poco desaparezca. Por ejemplo, la remodelación del Parque Tangamanga I arrancó con el anuncio de una inversión de 150 millones de pesos que incluía la construcción de un río artificial navegable.
No se realizó todo lo que se anunció, pero los recursos aplicados sí se incrementaron y al inaugurarlo se habló de un costo superior a los 200 millones de pesos. Ahora en el informe de resultados aparece el costo final: 336 millones de pesos, un incremento del 124.5 por ciento, y sin el desglose de la aplicación de los recursos.
Si ocultar la aplicación del erario es notorio, la madeja en que se convierte el incumplimiento de las obligaciones de transparencia abre paso a la posibilidad de encontrar indicios que la irresponsable actitud de pretender aparentar lo que no pueden ni quieren ser los comienza a exhibir como lo que realmente son: abusadores del erario para beneficios particulares y de grupo.
¿De qué otra manera se puede calificar el hecho de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos pague sumas millonarias a una refaccionaria para motocicletas –entre otras cosas, por dulces– cuando todo indica que existe con ese negocio un compromiso contraído durante la campaña por ser parte de un grupo de motociclistas que lo apoyó?
Un ocultamiento de información que se nota en grandes proporciones, tanto de manera individual en el ayuntamiento de San Luis Potosí como en el panorama completo de los 259 sujetos obligados por la Ley de Transparencia estatal.
De los 12 meses que lleva Galindo Ceballos al frente del Ayuntamiento sólo ha publicado la relación de cheques emitidos de seis meses (noviembre, febrero, mayo, junio, julio y agosto), es decir, la mitad del tiempo ha ocultado los gastos y resulta muy notorio el interés de esconder ciertos asuntos, como los gastos de su festival navideño, por ejemplo.
Del total de sujetos obligados, la tercera parte (el 34.75 por ciento) oculta abiertamente sus ingresos, en tanto que del 65.25 por ciento que los publica la gran mayoría lo hace de manera simulada, pues al abrir los archivos quien consulta la información se percatará que se trata de relaciones incompletas, o tablas de Excel prácticamente vacías con la leyenda “no se genera”.
Un incumplimiento permanente de la fracción IV del artículo 84 por parte de 90 sujetos obligados y una publicación fraudulenta por parte de la inmensa mayoría del resto de las dependencias que exhiben a la CEGAIP como un organismo que lejos de garantizar el derecho de acceso a la información pública, es el hazme reír de servidores públicos que la enconden, aunque se note.
Hoy que la esconden, lo que se nota es que, así como queda en evidencia el incumplimiento en la publicación de los egresos es seguro que de los otros 290 formatos distintos que los diversos sujetos obligados deben subir a la Plataforma Estatal de Transparencia en muchos también se incumpla, ante lo inútil que saben que resulta la CEGAIP.
