Por Victoriano Martínez
El arranque de las presuntas obras de rehabilitación de las calles del barrio de San Miguelito sin un proyecto claro y con el único objetivo expuesto de retirar los adoquines para que desaparezcan, como desaparecieron hace dos trienios los de las calles Zapata y 16 de septiembre, tiene más pinta de un zaqueo sin que la autoridad municipal reaccione, que de otra cosa.
Se trata de una situación en la que aplica aquel principio de Kasuga que advierte que “si no es tuyo, debe ser de alguien”, y en este caso, así sea como parte del equipamiento urbano de dominio público, forma parte del patrimonio del municipio de San Luis Potosí administrado por el Ayuntamiento.
El artículo 109 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece como bienes que integran el patrimonio del Municipio, como de dominio público, los de uso común, en tanto que la Ley de Bienes del Estado y Municipios en el artículo 6º enlista además los de valor histórico y cultural que se encuentren dentro de su territorio y los “puentes, carreteras, caminos y vías públicas”.
Las calles de San Miguelito, con sus adoquines con 161 años de antigüedad, son patrimonio municipal que además tiene valor histórico y cultural.
El silencio del alcalde Enrique Galindo Ceballos para defender el patrimonio del municipio que dice gobernar bien podría considerarse un acto de complicidad con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona… a menos que a él sí le hayan presentado un proyecto bien fundamentado, al que le haya dado el visto bueno, aún sin pasarlo por el Cabildo.
Esa condición de patrimonio municipal para las calles de San Miguelito y, desde luego, sus adoquines –que Galindo Ceballos no desconoce–, ha generado disposiciones reglamentarias no sólo para su uso, sino también para su protección.
Cuando en noviembre de 2017, el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez inició las obras para retirar los adoquines de la calle 16 de Septiembre para sustituirlos por concreto hidráulico estampada (¿coincidencia?), Horacio Sánchez Unzueta, quien era presidente del Fideicomiso del Consejo del Centro Histórico, le advirtió que estaba obligado a conservar los adoquines.
Entre otras disposiciones, Sánchez Unzueta se refería al Reglamento para la Conservación del Centro Histórico, que en su artículo 41 prohibía “remover, alterar, modificar o destruir los elementos de ornato de valor histórico tales como traza urbana, jardines, arriates, fuentes, esculturas, monumentos conmemorativos y/o elementos de mobiliario urbano”.
Ese reglamento no aparece hoy en el catálogo de la normatividad publicada por el Ayuntamiento capitalino, pero sí se encuentra el Reglamento de la Unidad de Gestión del Centro Histórico que si bien no deroga el de Conservación, contiene disposiciones complementarias.
Entre ellas, ordena dar máxima protección al equipamiento urbano del Centro Histórico (artículo 7º) y que la autoridad municipal emita “opiniones de factibilidad para la realización de actividades tendientes a la rehabilitación, remozamiento o ejecución de obras”, por parte de otras dependencias (artículo 21).
Entre las condiciones para ese tipo de obras el reglamente señala que deben contar con la autorización del INAH e, incluso, prevé en su artículo 16 medidas para casos de rebeldía como la advertencia hecha por Gallardo Cardona de continuar aun sin esa autorización:
Artículo 16. La autoridad municipal podrá actuar en casos urgentes en auxilio del INAH, para ordenar la suspensión provisional de las obras cuando ésta se lo requiera.
Los justificados reclamos de los vecinos para oponerse al retiro de los adoquines y conocer el proyecto completo, frente a la nula proyección de la obra por parte del gobierno estatal, ponen a prueba tanto al INAH como a las autoridades municipales: ¿hasta dónde están dispuestos y tienen el valor para una efectiva protección del patrimonio histórico y del interés de la población?
Una protección a la que los obligan las normas vigentes que, de una u otra forma, dan cuenta de que, si los adoquines no son del Gobierno del Estado, deben ser de alguien y la respuesta a esa cuestión es que son patrimonio municipal bajo resguardo del Ayuntamiento, que no sólo debe protegerlo por su valor histórico y cultura, sino también por su valor económico.
¿Cuánto cuesta cada adoquín? O planteado en otros términos: ¿a cuánto ascenderá económicamente el daño patrimonial contra los bienes municipales según el costo de todos los adoquines que se pretenden retirar? La cifra resultante dará cuenta del tamaño del daño irreparable que pretende un gobernador encaprichado en desaparecer adoquines.
