Por Victoriano Martínez
Los peores momentos del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF) se vivieron en junio de 2017, tras la revelación del esquema de blanqueo de cuentas públicas a cambio de moches que se conoció como la ecuación corrupta.
Desde entonces, la desconfianza no sólo está puesta en la Auditoría Superior del Estado (ASE), sino también en los diputados y la intervención indebida que suelen ejercer sobre ese órgano del Poder Legislativo constitucionalmente autónomo.
Como organismo responsable de revisar la correcta aplicación de los recursos públicos y de las atribuciones legales de 113 entes fiscalizables (toda la administración pública estatal), la ASE no solo recibe los embates de los legisladores, sino también de otras entidades, especialmente el Poder Ejecutivo.
El objetivo de esas intervenciones indebidas es que el órgano que debe proporcionar solidez al combate a la corrupción relaje las medidas preventivas, disuasivas y correctivas que tendrían que limitar la discrecionalidad con la que prefieren conducirse los altos funcionarios.
Una correlación de intereses que ha vuelto el nombramiento de quien ocupe la titularidad de la ASE en el mecanismo manipulable desde el Ejecutivo estatal para dejar en el cargo a quien le garantice cierta protección e impunidad, más allá de su sexenio.
La renuncia de Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, el 3 de diciembre de 2021, se dio en un clima en el que se habló de presiones desde el Ejecutivo, además de pronunciamientos de varios diputados contra su actuación, antes que por su eficiencia en el cargo, por considerar que no respondía a sus intereses extra fiscalizadores.
Una correlación de intereses que está muy lejos de cuestionar el entramado legal que estructura el Sistema Estatal de Fiscalización armonizado con el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), como es notorio en la forma en que las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y del Estado.
El anuncio hecho por el diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en el sentido de que primero reestructurarán la ASE y después nombrarán a su titular tiene más sentido de una justificación de la omisión en que han incurrido desde hace más de ocho meses.
Peor aún, podría tratarse de una omisión a la que ahora acompañan con un anuncio que se vuelve una especie de emplazamiento a Edith Virginia Muñoz Gutiérrez como encargada de Despacho de la ASE, a 72 días de que se venza el plazo para la entrega de los informes de auditoría 2021, como si se buscara que los resultados empatarán con sus intereses, para considerarla para el cargo formal.
Tras su anuncio, Fernández Martínez tiene mucho que aclarar y explicar sobre su afirmación de que el formato que tiene la ASE está completamente agotado, pues se trata de algo que implicaría que el SNF armonizado con los correlativos de las 32 entidades federativas se encuentran en la misma situación y el debate no tendría que ser sólo local.
La descalificación que hace de la buena reputación de la ASE y señalar que siempre se duda de su trabajo no es ninguna novedad. En cambio, tiene que ver con la forma en que se nombra a su titular, el manejo la conformación del organismo y la deficiente supervisión por parte de los legisladores. Nada que ver con el marco legal y su estructura en el contexto del SNF.
De ser tomado en serio, el anuncio hecho por Fernández Martínez habrá de captar la atención de todos los entes integrantes del SNF desde todos los rincones del país que seguramente tendrán mucho interés en conocer la nueva estructura y las nuevas reglas con las que pretende modernizar la fiscalización del ejercicio de la función pública.
