Fernanda Durán
Entre el Poder Legislativo y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) se abrió el debate sobre implementar como obligación de esta dependencia mecanismos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra niñas y adolescentes, así como el reporte de los mismos.
Mientras el área jurídica de la SEGE argumentó que cuentan con programas y protocolos de actuación para los casos de violencia en las instituciones educativas, el Congreso del Estado y activistas advirtieron que dentro de los planteles escolares se carece del conocimiento de protocolos, lineamientos, e incluso de la normativa para al atención de estos casos.
Si bien la iniciativa estuvo apunto de ser rechazada debido a las consideraciones de la Secretaría de Educación, las y los diputados de la Comisión de Igualdad y Género determinaron establecer una reunión en conjunto con las autoridades educativas y el Instituto de las Mujeres del Estado para evitar rechazarla, a fin de que la obligación para diseñar estrategias quede establecida y se informen los resultados con bases estadísticas al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM).
De acuerdo con la Comisión, esta propuesta se encuentra dentro de la Cuarta Medida de Prevención de la declaratoria de la Alerta de Género en el Estado, la cual señala que desde el ámbito educativo se requieren establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado.
De acuerdo con la abogada Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa y la psicóloga Mariana Juárez Moreno, promoventes de la iniciativa, los espacios escolares también necesitan que el lenguaje de aquellos que intervienen y acompañan en situaciones de violencia sea de acuerdo a la edad de la o las personas afectadas, que su participación en el proceso se pueda dar de la mejor forma respetando siempre y en todo momento su integridad física, emocional y psicológica, y que esto no solo quede por escrito.
