María Ruiz
La abogada Gabriela Silva, integrante de la Organización Para Chicas A.C., denunció las desigualdades que enfrentan las mujeres privadas de la libertad en materia de salud menstrual y acceso a servicios básicos.
Silva destacó que la mayoría de los insumos menstruales en centros penitenciarios femeniles como el Centro de Reinserción Social La Pila, son cubiertos por donaciones esporádicas y no por políticas públicas efectivas.
“Cuando las mujeres ingresan a La Pila se les entrega un paquete de entre ocho y diez toallas sanitarias que deben durar todo un mes. Esto es insuficiente, y organizaciones civiles han tenido que intervenir con donaciones, especialmente durante la temporada navideña. Sin embargo, hacia mediados de año, estos recursos se agotan”, señaló.
La situación es alarmante al considerar que en La Pila hay actualmente entre 80 y 90 mujeres privadas de su libertad, y en el Centro Penitenciario de Xolol, ubicado en la Huasteca, un número similar.
Según Silva, las carencias no solo afectan la gestión de la menstruación, sino también la salud integral de las internas, quienes carecen de acceso a servicios especializados y atención médica con perspectiva de género.
“Las mujeres privadas de la libertad no solo necesitan medicina general. En temas de salud menstrual, es urgente contar con atención especializada que abarque aspectos físicos, emocionales y educativos, pero lo que enfrentamos es la falta de unidades médicas con personal femenino capacitado en perspectiva de género”, enfatizó la activista.
Silva recordó que la legislación nacional garantiza derechos fundamentales para mujeres en reclusión como la atención médica por personal femenino, pero esta disposición no se cumple en los centros penitenciarios de San Luis Potosí.
“No basta con que el personal sea mujer, debe estar capacitado en género y contar con recursos adecuados para brindar atención integral”, explicó.
Desde la organización Para Chicas A.C. se han promovido iniciativas legales y se trabaja en colaboración con la Red de Menstruación Digna a nivel nacional. Aunque se han logrado avances como la eliminación del llamado “impuesto rosa” a productos menstruales, San Luis Potosí sigue rezagado en la implementación de medidas locales.
Silva subrayó que “las mujeres en reclusión solo pierden su libertad, no sus derechos. Es imperativo que las autoridades comprendan esto y destinen presupuesto suficiente para políticas públicas que garanticen una menstruación digna y el acceso a servicios básicos para todas”.
