Victoriano Martínez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del cobro por las copias simples en 51 de los 58 municipios del Estado establecido en sus leyes de ingresos para 2018, con lo que quienes hayan pagado por la reproducción documentos públicos tras una solicitud de información podrán pedir la devolución de su dinero.
Jorge Andrés López Espinoza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Luis González Lozano, consejero del organismo, informaron en rueda de prensa que la SCJN inició la notificación a los 51 ayuntamientos involucrados y al Congreso del Estado, que fue el originalmente demandado por aprobar las tarifas que inhiben el derecho de acceso a la información pública.
“Esta resolución manda un mensaje al Congreso del Estado y a los municipios de que no debe haber un costo excesivo en la reproducción de la información pública”, dijo González Lozano, “la invitación a los diputados es a que para el 2019 se establezcan costos accesibles.
La acción de inconstitucionalidad la inició la CEDH el pasado 22 de enero en contra de 18 leyes de ingresos municipales, en tanto que unos días después también la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó la misma acción, pero en contra de 51 leyes de ingresos.
Los expedientes 13/2018 y 25/2018 fueron acumulados por la SCJN, que los resolvió en sesión del Tribunal Pleno el pasado 6 de diciembre y giró la instrucción de notificación el 10 de diciembre.
González Lozano explicó que el criterio para señalar las leyes de ingresos excesivas que utilizó la CEDH fueron los casos en los que las copias se cobran a más de 3 pesos, en tanto que la CNDH determinó promover la controversia en contra de los casos en que el costo superaba los 1.05 pesos.
En el oficio mediante el que se instruye la notificación de la resolución se mencionan 52 municipios a los que se notificará a sus ayuntamientos.
Entre los notificados se encuentran 40 ayuntamientos que cobran las copias a menos de tres pesos, entre los que destaca el caso de Zaragoza, en el que la Ley de Ingresos fijó la entrega gratuita de las reproducciones en atención a solicitudes de información.
López Espinoza, presidente de la CEDH, consideró que con las notificaciones que hará la SCJN los integrantes del Congreso del Estado tendrán que ser cuidadosos para establecer una tarifa razonable, o estarían dando una mala señal en materia del respeto al derecho humano a la información pública.
González Lozano descartó que se trate de una medida con que los ayuntamientos pretendan obtener ingresos de manera lucrativa con el alto costo de las copias, porque se trata de un servicio público.
“Sabemos que no es así, que se trata de una chapuza con la que pretenden inhibir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública”, explicó.
Durante la administración de Ricardo Gallardo Juárez, de 2016 a 2018, el Congreso del Estado le autorizó la tarifa para las copias a 0.5 UMA (Unidad de Medida y Actualización), que este año equivalían a 40 pesos con 30 centavos cada copia.
El pasado 28 de noviembre, la administración municipal actual publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado para bajar el costo de las copias a un peso simples y a dos pesos certificadas.
