Por Victoriano Martínez
Al cumplirse el plazo para que los servidores públicos presentaran sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, la auditora Superior del Estado afirmó que sólo 19 de 564 funcionarios incumplieron con esa obligación; Ernesto Barajas Ábrego, secretario del Ayuntamiento, afirmó que cumplió el 99 por ciento, y el gobierno estatal publicó las de 2 mil 839 servidores públicos.
Este 1 de junio, un día después de vencido el plazo para que los servidores públicos presenten sus declaraciones, en el sitio Web de la Contraloría General del Estado en un apartado con las declaraciones 3de3 de los últimos tres años se incorporaron las de este año: del 2016 aparecen 168 registros; del 2017, 3 mil 199, y de este año al 1 de junio cuenta con 2 mil 839.
La fracción XVII del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a que se difundan de oficio las tres declaraciones. Sin embargo, la forma en que las diferentes áreas gubernamentales cumplen con esa obligación apunta más a una simulación que a una verdadera publicación de la información de esos documentos.
Aunque en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), las dependencias del Ejecutivo no han incorporado la información sobre las declaraciones patrimoniales, en la página oficial de la Contraloría General del Estado se publican 2 mil 839 conforme a los formatos que desarrolló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La forma en que cada funcionario llenó los formularios marca el grado de apertura al que están dispuestos. Al consultar, por ejemplo, la declaración de intereses del gobernador Juan Manuel Carreras prácticamente todos los apartados se encuentran vacíos, salvo el de sus antecedentes laborales y las actividades empresariales de los hijos, sin identificar las empresas.
En ese mismo formato se puede observar que de 2010 a 2013 ganaba más que ahora como gobernador, pues como director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía tenía un ingreso anual de 2 millones 979 mil pesos, y ahora como gobernador reporta un ingreso de 1 millón 920 mil 275 pesos.
En su declaración patrimonial, Carreras López reporta propiedades por 3 millones 929 mil 385 pesos, aunque sobre las propiedades adquiridas entre 1990 y 2007 hace la siguiente aclaración:
“Los terrenos que se compraron en 1990, 1996 y 2007, fueron adquiridos de manera paulatina por el declarante y mi cónyuge, conformando actualmente una superficie total de 664.87 m2, y sobre los cuales desde 1998 se construyó una casa habitación con un costo de construcción (sin incluir terrenos) de $1’764,657.00. Los valores de los bienes corresponden a la fecha de adquisición conforme a escritura pública”.
Carreras López reporta en su declaración fiscal un saldo a favor por 110 mil 498 pesos que, de acuerdo al documento, “excede la cantidad establecida en la facilidad administrativa para obtener la devolución de manera automática”, por lo que deberá presentar formato de devolución.
Difusión de oficio simulada
De acuerdo con el último párrafo de la fracción XVII del artículo 84 de la Ley de Transparencia, las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos obligados se podrán consultar a más tardar el 15 de junio en la Plataforma Estatal de Transparencia, pero no hay mucho que esperar, ya que el año pasado sólo las dependencias del Ejecutivo las montaron en los formatos del IMCO.
El resto de los sujetos obligados colocaron en la plataforma documentos totalmente testados en los que los únicos datos rescatables fueron el nombre del funcionario, su cargo y la fecha en la que presentó su declaración patrimonial. Publicar eso y nada, es prácticamente lo mismo.
Los magistrados del Poder Judicial no publicaron nada hace un año, y cuando un solicitante de información las requirió, le respondieron que se las entregarían previo el pago de 718.50 pesos por las copias en versión pública.
En el caso del Congreso del Estado, cuyos legisladores aprobaron la obligación de difundir las declaraciones 3de3, que para los diputados es obligación no sólo del artículo 84, sino también de la fracción XVIII del artículo 86 de la Ley de Transparencia, fueron los primeros en violar la doble disposición que se auto impusieron.
En el lugar de las declaraciones patrimoniales, los diputados hacen público el oficio CTR/LXI/502/17, firmado por Edgar Enrique Sánchez González, contralor interno, quien comunica a la Unidad de Transparencia que “en los archivos y expedientes de esta Contraloría Interna, no existe registro de autorización para la publicación de declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses”.
Si los diputados, que fueron quienes aprobaron la obligación de difundir la 3de3 evaden lo que ellos mismos presumieron como un avance en transparencia, igual de contradictorio resulta que los comisionados de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, encargados de vigilar que esa obligación se cumpla, tampoco las publiquen.
En el apartado correspondiente en la PET, al consultar el mes de mayo y junio, cuando las 3de3 debieron publicarse, en el primer se afirma que esa información no se generó y en el segundo muestra un cumplimiento de las obligaciones del artículo 84 del 87.34 por ciento. Casualmente, en el 16.66 por ciento de incumplimiento se encuentra la fracción XVII, de las 3de3.
Aunque el Ayuntamiento de San Luis Potosí tampoco publica en la PET sus declaraciones 3de3, la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su apartado correspondiente en el propio PET publica solamente las declaraciones patrimoniales y de intereses de mil 414 funcionarios municipales y de la propia ASE, aunque prácticamente se trata de los formatos con todos los espacios testados.
La información que se ha difundido sobre el alcalde con licencia Ricardo Gallardo Juárez, a pesar de estar totalmente testada su declaración patrimonial y la de intereses, deja ver indicios sobre la confiabilidad de lo que funcionarios como él declaran.
De entrada, en la declaración de intereses –según el documento– se deja ver por los espacios utilizados que tiene participación en cuando menos tres empresas, que difiere con el dato en el Registro Público de la Propiedad (RPP) donde actualmente sólo aparece en una. Podría ser que en el último año se desligó de cuando dos negocios particulares.
En el caso de la declaración patrimonial, para reportar sus bienes inmuebles sólo utiliza una página del apartado correspondiente, en la que sólo hay espacio para reportar nueve propiedades. El trabajo presentado el 29 de enero pasado por Astrolabio Diario Digital detectó cuando menos 16 propiedades a nombre de Gallardo Juárez en el RPP.
Si de algo ha servido la obligación de difundir de oficio las declaraciones 3de3 es para exhibir el grado de convicción por la opacidad de los funcionarios públicos.
Consulta las declaraciones del gobernador Juan Manuel Carreras López:
Compara los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses de Ricardo Gallardo Juárez, alcalde con licencia:
