Por Victoriano Martínez
La publicación de las declaraciones 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal) por parte de los servidores públicos es uno de los principales indicadores de la convicción y voluntad para encabezar una administración pública transparente, en consecuencia, que el 62.2 por ciento de los entes públicos evite cumplir esa obligación legal exhibe una alarmante vocación de opacidad.
Desde 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) puso en operación el módulo 1 de la Plataforma Digital Estatal (PDE) en el que, por ley, todos los servidores públicos estatales y municipales deben publicar sus declaraciones 3de3.
Cuando parecía que tras la pandemia la información comenzaba a fluir con un crecimiento en el porcentaje de cumplimiento por parte de los pocos entes obligados que se adhirieron a la PDE cada año, en este 2023 se da una drástica reducción.
De 23 mil 774 declaraciones 3de3 publicadas en 2021 con 79 sujetos obligados adheridos, aumentó a 31 mil 627 en 2022 con 92 sujetos obligados adheridos. Este año sólo se publicaron 4 mil 593, una caída del 85.48 por ciento con relación al año anterior, en tanto que se mantuvo el mismo número de sujetos obligados adheridos.
Aunque Jesús Rafael Rodríguez López, titular del SESEA, dio a conocer que al sistema uno de la PDE se han adherido 95 de 251 entes obligados, en las estadísticas que arroja la plataforma sólo aparecen 92, que representan apenas un poco más de la tercera parte. Una proporción de opacidad de dos a uno.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como titular del Poder Ejecutivo, encabeza la amplia legión de opacidad porque, a pesar de que presumió como propio en febrero de 2022 el documento que establece la Política Estatal Anticorrupción, ha evitado adherirse a la PDE y al hacerlo viola la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Una actitud cuyo ejemplo ha seguido el 62.2 por ciento de los sujetos obligados por la Ley que no se han adherido y que, por la drástica caída en el cumplimiento de las obligaciones por parte del 37.8 por ciento de entes públicos que ya se adhirieron a la PDE, es claro que el mal ejemplo cunde. Si el funcionario de mayor jerarquía en el estado no cumple, porqué habrían de hacerlo los demás.
Los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado son otro grupo de alta jerarquía que siguen fielmente los pasos del mandatario: no se han adherido a la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción.
De los que ya se adhirieron, en su mayoría han dado señales de dar pasos en reversa hacia la opacidad, incluido el propio Poder Legislativo: de los 446 servidores públicos que cumplieron con la obligación de publicar sus declaraciones 3de3 en 2022, el 77.35 por ciento dejaron de hacerlo y este año sólo cumplieron la ley 101.
El organismo autónomo que tendría que ser modelo de transparencia, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) también siguió esos pasos de una manera más drástica: el cumplimiento de 2022 (71 declaraciones) cayó un 91.55 por ciento y este año sólo aparecen seis declaraciones en la PDE.
El propio SESEA, administrador de la PDE, da señales de retroceso, al tener registradas durante 2022 21 declaraciones 3de3 y este año sólo 13. Una caída del 38.1 por ciento.
Cuando la tendencia natural tendría que ser a que cada año se publicaran más declaraciones 3de3 y no se reducirían a menos que hubiera un despido masivo de servidores públicos, que el 85.48 por ciento de quienes cumplieron el año pasado haya dejado de hacerlo sólo es una confirmación más sobre la impresionante forma en que se agravó la opacidad heredada de sexenios anteriores.
Una muy grave opacidad ante la que el silencio de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública los vuelve cómplices.
